Irregularidades por $378.419 millones en 21 obras de valorización
Personería de Bogotá formuló cargos contra los exdirectores del IDU, Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez.

Colombia.com - Actualidad
Personería de Bogotá formuló cargos contra los exdirectores del IDU, Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez.
La Personería de Bogotá formuló cargos contra dos exdirectores del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez Cardona, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de 21 de las 36 obras del grupo uno de Valorización establecidas en un Acuerdo Distrital de 2005, con un costo de $378.419 millones.
Los funcionarios, al parecer, omitieron realizar las gestiones necesarias para evitar las demoras e improvisaciones que impidieron la entrega oportuna de las obras, al punto que aún hoy, ocho de ellas no se han terminado.
A los dos exdirectores se les cuestiona la falta de planeación en su labor que se reflejó en los problemas en la elaboración de diseños, rediseños y la demora en la adquisición de predios para las obras.
La Personería Delegada para Vigilancia Administrativa les señaló su presunta responsabilidad en la falta de coordinación en la adecuación de redes de servicios públicos y la expedición de permisos ambientales o de tránsito para la construcción oportuna de las vías públicas.
La improvisación generó prórrogas, suspensiones y adiciones a los contratos, al parecer, por deficiencias en el control y vigilancia en la correcta ejecución del plan de obras por parte de los ex directores. “Tampoco realizaron acciones efectivas para enfrentar las múltiples irregularidades. De esa forma, se presentaron continuos cambios en los cronogramas de construcción y entrega en la mayoría de las siete vías, dos puentes vehiculares, cinco peatonales, cinco andenes y dos obras de mejoramiento vial.
A Liliana Pardo se le cuestiona por utilizar la figura de la adición para entregar “a dedo” nueve obras de valorización por 90 mil millones de pesos. Se obvió la convocatoria pública que se debe realizar para escoger de manera transparente el mejor contratista y adjudicar la construcción de las vías.
La Procuraduría General de la Nación asumió la investigación de seis de los contratos del IDU, que llevaba la Personería, realizados a través de adiciones a contratistas de la Fase III de Transmilenio y de Distritos de Conservación (mantenimiento vial).
Las otras tres adiciones que investiga el Ministerio Público Distrital corresponden a la Calzada norte de la Avenida Villavicencio, entre Avenida Ciudad de Cali y Avenida El Tintal; mejoramiento geométrico de la avenida Primero de Mayo por la avenida Poporo Quimbaya y la construcción de la Avenida Santa Lucía desde la Avenida General Santander hasta la Avenida Jorge Gaitán Cortes. Las dos primeras obras fueron adicionadas al contrato del programa de Distrito de Conservación-Zona Sur Occidente. La tercera se adicionó a un contrato del Distrito de Conservación-Zona Sur Oriente.
Pardo como Ramírez deben responder por la demora en la ejecución de la Avenida Santa Lucía que ni siquiera se ha terminado.
Los funcionarios, al parecer, omitieron realizar las gestiones necesarias para evitar las demoras e improvisaciones que impidieron la entrega oportuna de las obras, al punto que aún hoy, ocho de ellas no se han terminado.
A los dos exdirectores se les cuestiona la falta de planeación en su labor que se reflejó en los problemas en la elaboración de diseños, rediseños y la demora en la adquisición de predios para las obras.
La Personería Delegada para Vigilancia Administrativa les señaló su presunta responsabilidad en la falta de coordinación en la adecuación de redes de servicios públicos y la expedición de permisos ambientales o de tránsito para la construcción oportuna de las vías públicas.
La improvisación generó prórrogas, suspensiones y adiciones a los contratos, al parecer, por deficiencias en el control y vigilancia en la correcta ejecución del plan de obras por parte de los ex directores. “Tampoco realizaron acciones efectivas para enfrentar las múltiples irregularidades. De esa forma, se presentaron continuos cambios en los cronogramas de construcción y entrega en la mayoría de las siete vías, dos puentes vehiculares, cinco peatonales, cinco andenes y dos obras de mejoramiento vial.
A Liliana Pardo se le cuestiona por utilizar la figura de la adición para entregar “a dedo” nueve obras de valorización por 90 mil millones de pesos. Se obvió la convocatoria pública que se debe realizar para escoger de manera transparente el mejor contratista y adjudicar la construcción de las vías.
La Procuraduría General de la Nación asumió la investigación de seis de los contratos del IDU, que llevaba la Personería, realizados a través de adiciones a contratistas de la Fase III de Transmilenio y de Distritos de Conservación (mantenimiento vial).
Las otras tres adiciones que investiga el Ministerio Público Distrital corresponden a la Calzada norte de la Avenida Villavicencio, entre Avenida Ciudad de Cali y Avenida El Tintal; mejoramiento geométrico de la avenida Primero de Mayo por la avenida Poporo Quimbaya y la construcción de la Avenida Santa Lucía desde la Avenida General Santander hasta la Avenida Jorge Gaitán Cortes. Las dos primeras obras fueron adicionadas al contrato del programa de Distrito de Conservación-Zona Sur Occidente. La tercera se adicionó a un contrato del Distrito de Conservación-Zona Sur Oriente.
Pardo como Ramírez deben responder por la demora en la ejecución de la Avenida Santa Lucía que ni siquiera se ha terminado.
Artículos Relacionados
Actualidad • FEB 8 / 2012
Plazo de dos meses para definir futuro de la ALO
Actualidad • FEB 8 / 2012