Disidencias de las Farc secuestran a 9 funcionarios de la Gobernación del Cauca: los acusan de ayudar al Ejército

Las disidencias de las Farc confirmaron este 18 de julio el secuestro de nueve empleados y contratistas de la Gobernación del Cauca, en un hecho que ha generado amplio rechazo a nivel nacional. La retención ocurrió en el municipio de López de Micay y fue atribuida al bloque Occidental del Estado Mayor Central, grupo liderado por alias "Iván Mordisco".

El grupo armado justificó la acción señalando que los funcionarios “estaban haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional, cuyo objetivo es inhibir señales y derribar drones”. Esta acusación fue difundida en un comunicado firmado por esa facción de las disidencias de las Farc.

¿Los funcionarios actuaban con el Ejército Nacional?

Sin embargo, la Gobernación del Cauca desmintió con firmeza esa versión. “Este equipo de trabajo en articulación con las juntas de Acción Comunal (JAC) tenía como propósito promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado, en un ejercicio legítimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar, como erróneamente lo afirman los grupos armados en su comunicado”, señaló la entidad.

Los secuestrados, cuya retención fue confirmada por las autoridades la noche del jueves, fueron identificados como Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Eivar Alonso Guerrero Anaya, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Leydi Rocío Guengue, Manuela Caicedo Arango, Elizabeth Yangana y María Elizabeth López.

El secuestro, que tuvo lugar a las 4:00 p.m. del 17 de julio, ha provocado llamados urgentes a la liberación por parte de la Gobernación del Cauca y de organismos defensores de derechos humanos. “Desde la gobernación del Cauca hacemos un llamado urgente a la liberación inmediata de estas personas, quienes cumplían funciones estrictamente civiles y sociales en el marco del ejercicio legítimo del servicio público”, expresó la administración departamental.

Además, la Gobernación pidió el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y organismos internacionales. “Invitamos al Gobierno Nacional, a los organismos internacionales y a la sociedad colombiana a respaldar esta solicitud humanitaria que busca proteger la vida y la integridad de los funcionarios y contratistas retenidos”, añadió el comunicado.

La grave situación se enmarca en un contexto de violencia creciente en el Cauca, donde las disidencias de las Farc han intensificado sus acciones armadas. Organismos de derechos humanos y autoridades civiles reiteraron su exigencia de respeto por el Derecho Internacional Humanitario y la vida de los secuestrados.

Este nuevo secuestro en Cauca refleja la tensión constante que viven las regiones afectadas por el conflicto armado, y pone en entredicho los avances en la construcción de paz mientras las disidencias de las Farc siguen actuando impunemente.