Violencia en Buenaventura: habitantes del Bajo Calima en riesgo por disputas armadas
Buenaventura y sus zonas rurales viven una difícil situación ante las disputas entre el ELN y disidencias de las FARC por el control de las rutas fluviales de la región

Buenaventura y sus zonas rurales viven una difícil situación ante las disputas entre el ELN y disidencias de las FARC por el control de las rutas fluviales de la región
La violencia en Buenaventura ha llevado a que alrededor de 300 familias en el Bajo Calima se encuentren confinadas debido a las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc por el control de los ríos en esta región. Estas rutas fluviales son estratégicas para la conexión hacia el Pacífico, y la lucha por su dominio ha generado un clima de zozobra para las comunidades locales.
Hace dos años, estas familias se desplazaron a un polideportivo en Buenaventura, pero debido a las difíciles condiciones, decidieron retornar a sus hogares tras un acuerdo con el ELN. Sin embargo, la violencia se recrudeció y los obligó a permanecer en sus hogares en situación de confinamiento.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que la disputa territorial entre los grupos armados es la causa del confinamiento y subrayó la necesidad de una estrategia integral de seguridad que abarque toda la región del Pacífico. Solicitó al nuevo ministro de Defensa que visite el Valle del Cauca para definir una estrategia de seguridad.
Líderes comunitarios han denunciado la situación bajo condiciones de anonimato, señalando que los enfrentamientos armados han llevado a problemas como el reclutamiento de menores, abusos sexuales contra adolescentes y la aparición de cadáveres en los ríos. Muchos residentes prefieren quedarse en sus territorios a pesar de la violencia, debido a la falta de atención adecuada para las comunidades desplazadas.
El nuevo Alto Comisionado de Paz ha propuesto proyecciones para la atención de la comunidad, pero los líderes comunitarios han cuestionado estas propuestas, afirmando que no responden a las necesidades inmediatas de las comunidades en crisis.
La gobernadora Toro también hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para adelantar un proceso de desminado humanitario en la región, ya que las minas terrestres impiden que los residentes trabajen en proyectos agrícolas y han causado graves accidentes.
Pese a ser el principal puerto del país, el 63.5% de los hogares en el casco urbano vive en pobreza multidimensional, y el 91.6% de los pobladores de la zona rural se encuentra en situación de vulnerabilidad.