Álvaro Uribe advierte sobre desigualdades y compara su caso con las chuzadas de Laura Sarabia

El pasado viernes 6 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien citó a audiencia a Álvaro Uribe Vélez, negó la preclusión del caso en contra del exmandatario y ordenó a la Fiscalía continuar con las investigaciones pertinentes. 

El argumento del Tribunal Superior de Bogotá para impedir la preclusión del caso fue que no se había investigado lo suficiente, por lo que el Búnker de la Fiscalía deberá continuar con las averiguaciones que lleven a juicio al expresidente o a la preclusión del caso con mayores fundamentos. 

Ante la decisión del alto tribunal, la defensa del expresidente prepara y evalúa una nueva estrategia para reclamar la protección de los derechos fundamentales que alegan, se han visto vulnerados durante la investigación por la presión a testigos.

El penalista Jaime Granados, abogado que encabeza la defensa de Uribe, reaccionó a la esta decisión con respeto, aunque con un profundo desacuerdo. Uno de los puntos específicos de conflicto radica en que el alto tribunal no analizó las preocupaciones relacionadas con las interceptaciones telefónicas que involucran tanto a Álvaro Uribe como a su entonces abogado Diego Cadena.

Por otro lado, el mandatario ha mostrado su indignación por la manera en que se han manejado las interceptaciones de sus comunicaciones, en comparación a cómo ha sido el proceso en el caso de Marelbys Meza, quien fuera la niñera de Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas del presidente Gustavo Petro.

Sobre este caso, asegura que tiene más coincidencias de lo que se cree, porque también se manipuló la información para que las conversaciones de Marelbys Meza fueran interceptadas, vinculando su línea telefónica a una investigación que se adelantaba contra el temido Siopas, heredero de Otoniel en el Clan del Golfo.

La defensa hace hincapié en que, en la etapa inicial del proceso a cargo de la Corte Suprema de Justicia, se han evidenciado violaciones a sus garantías procesales, incluyendo la interceptación de comunicaciones sin la debida orden judicial.

“Violaciones a sus garantías procesales, incluida la interceptación de comunicaciones sin una orden judicial adecuada y la violación del secreto profesional entre Uribe y sus abogados”, expresó la defensa de Uribe para El Tiempo.