Cámara de Representantes aprobó proyecto que fortalece la seguridad ciudadana

Fue aprobado el proyecto de ley que refuerza la seguridad ciudadana en Colombia en la Cámara de Representantes tras doce horas de discusión en la plenaria.

La iniciativa fue fuertemente criticada por la bancada opositora pues el articulado tipifica el uso de armas, propone un aumento a las penas de agresión contra la Fuerza Pública, además del fortalecimiento de la seguridad en las cárceles por parte de actores privados. 

Entre los puntos más destacado del proyecto están las medidas que se aplicarán a personas que atenten contra uniformados o personal de la justicia, que contempla una pena de ocho a 13 años de prisión. En caso de homicidio, la condena será hasta 58,3 años de cárcel.

Con respecto a las personas que cometan daño en la infraestructura institucional, del servicio público y de la justicia, la pena irá de cuatro a 12 años de prisión; mientras que, los mandatarios locales, deberán avanzar en la construcción y mejoramiento de centros penitenciarios. 

De igual manera, el proyecto de ley también contempla el tiempo en prisión del condenado de acuerdo al valor del bien que fue hurtado, es decir, si un objeto cuesta menos de cuatro salarios mínimos, la pena estará entre 18 y 36 meses de cárcel. Sin embargo, si el bien robado vale entre los cuatro y los ocho salarios mínimos, el ladrón tendrá una condena mayor.

Las penas para quien ejerza violencia, amenaza, coacción o intimidación para obstruir, impedir o dificultar la realización de cualquier función pública, serán de 36 a 60 meses. 

Por otro lado, esta iniciativa permite el uso de armas en legítima defensa ante situaciones que así lo ameriten y busca reforzar la ciberseguridad para la Fiscalía General de la Nación con la apertura de 125 vacantes para cargos informáticos. 

El representante a la Cámara y ponente del proyecto, Juan Manuel Daza, celebró la decisión de la corporación y aseguró que, con esta aprobación, se busca instaurar un mecanismo de defensa legítima para los ciudadanos. 

“Quedan notificados los bandidos: el que se meta a una casa o a un negocio a robar, aquí ya tenemos las facultades y las herramientas para defendernos. Yo no pienso tanto en el bandido, yo pienso en el que está en la calle y el otro llega a asesinar o a robar”, señaló Daza. 

Por su parte, los congresistas María José Pizarro, David Racero y Juanita Goebertus, manifestaron su oposición y desacuerdo con el articulado, al cual le resta un debate en plenaria del Senado antes de pasar a sanción presidencial.

Pizarro afirmó que el proyecto es “una criminalización de la protesta”, especialmente, después de los acontecimientos del anterior Paro Nacional, mientras que Racero anunció medidas legales contra el mismo, pues lo considera inconstitucional. 

“Desde ya anunciamos que vamos a demandar, vamos a adelantar las acciones jurídicas necesarias para que se caiga en la revisión constitucional. Esto es de frente inconstitucional, limita y censura la manifestación de la oposición”, afirmó el representante.