Gustavo Petro rebaja el salario de los congresistas cumpliendo un sueño histórico de la mayoría de los colombianos

Durante años, el salario que devengan los congresistas de la República ha sido ampliamente cuestionado porque se considera por parte de diferentes sectores de la población como una remuneración sumamente exagerada, teniendo en cuenta que su labor no siempre es admirada. 

16 millones menos

El gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro decretó que a partir del próximo 20 de julio los congresistas de la República perderán su prima mensual de $16´914. 540, una bonificación especial creada durante el primer mandato de Juan Manuel Santos en 2013 reconociendo una prima especial de servicios para los parlamentarios, pero con esta decisión se deroga dicha prima, con lo que el salario mensual de los congresistas se reducirá. 

Uno de los argumentos del gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro, a través de un documento expedido el 19 de enero indica que el salario percibido por los congresistas de la República de Colombia resulta desproporcionado en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en la ley 2294 de 2023.

Decreto se apega a la Constitución

El gobierno nacional asegura que no está viciando terrenos constitucionales, debido a que se reconoce por parte de la Corte Constitucional el establecimiento de límites legítimos a ciertos derechos sociales.

De acuerdo con el decreto, la derogatoria no desconoce derechos adquiridos y redefine el esquema remuneratorio hacia el futuro, teniendo en cuenta que la remuneración de los congresistas es desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y también a la situación económica del país.

El gobierno nacional, que, por medio del presidente de la República, Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y Crédito Público y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, firmaron el decreto.

En sintonía con la igualdad

El documento señala que el artículo 187 de la Constitución Política establece que la asignación de los congresistas debe reajustarse anualmente con el promedio ponderado de los cambios en la remuneración de los servicios de la administración central y destaca que el régimen salarial debe ser armónico, viable económicamente y coherente con valores como la igualdad y la responsabilidad fiscal.

El decreto también menciona que la actividad del congresista no ha sido clasificada de alto riesgo y que los miembros del Congreso cuentan con cobertura integral del sistema general de seguridad social en salud y en riesgos laborales, lo cual fue tenido en cuenta al evaluar el mantenimiento de primas adicionales.

El regocijo en diferentes sectores políticos es grande, pero también en gran parte de la población es enorme, debido a que durante años soñaron con que los congresistas dejarán de recibir salarios exorbitantes, especialmente, cuando su trabajo es discutido, frecuentemente protagonizan actos de corrupción y porque un porcentaje importante del país vive en la pobreza.