La cifra que se contrató antes de la Ley de Garantías y que genera debate político

Un nuevo reporte sobre contratación pública encendió el debate nacional luego de que se revelara que, previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se firmaron contratos por cifras multimillonarias en distintas entidades del Estado.

La información fue dada a conocer por Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, quien señaló que solo en enero de 2026 se suscribieron 544.000 contratos por un monto total cercano a 37 billones de pesos en contratación general.

Contratación directa por $29 billones

Dentro de ese total, el dato que más llamó la atención corresponde a la contratación directa, que alcanzó los 29 billones de pesos antes de que comenzaran a regir las restricciones de la Ley de Garantías.

El funcionario explicó que la justificación de esos contratos depende de cada autoridad contratante y de las necesidades específicas de las entidades. Como ejemplo, mencionó el caso de Córdoba, donde se registró contratación por 301 mil millones de pesos en medio de la actual emergencia invernal que afecta a esa región y a otros departamentos.

Entidades con mayores montos contratados

Según el reporte, las entidades estatales con mayor volumen de contratación durante ese periodo fueron:

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): 37.626 contratos por más de $1,7 billones.

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 15.627 contratos por $1,2 billones.

• Unidad para las Víctimas: 3.123 contratos por más de $508 mil millones.

• Ministerio de Educación Nacional: 966 contratos por más de $442 mil millones.

Padilla también destacó que “la mayor contratación, el 61 % de la contratación que se hizo en el país, la hicieron los departamentos, distritos y municipios. O sea, hay mayor contratación en el ámbito territorial que en el ámbito nacional”.

Entre las ciudades con mayores montos aparecen Barranquilla, con 6.947 contratos por más de $1,3 billones; Bogotá, con $1,2 billones en 20.763 contratos; Medellín, con 1.277 contratos por más de $894 mil millones; Cali, con más de $736 mil millones en 10.889 contratos; y Cartagena, con más de $431 mil millones en 6.198 contratos.

El director de la entidad subrayó que “solamente hay una entidad de corte nacional que supera al distrito especial industrial y portuario de Barranquilla, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje”.

Contratos bajo revisión

El funcionario también advirtió que actualmente se adelanta una revisión detallada de algunos procesos contractuales que han generado inquietudes. En ese contexto, señaló: “Hay un dato que nos llama la atención. Estamos en proceso, hay que decirlo, de verificación de un contrato que tiene que ver con un parque nacional. Ya, por ejemplo, voy diciéndolo aquí, es por 634 mil millones. Eso nos llama un poco la atención. El parque autónomo del Café, 634 mil millones bajo, por supuesto, el régimen especial. Entonces, son aspectos que es importante hacerles un análisis”.

Qué implica la Ley de Garantías

La Ley de Garantías —Ley 996 de 2005— es una norma diseñada para asegurar transparencia y equilibrio en los procesos electorales. Su propósito es evitar que recursos públicos sean utilizados para favorecer campañas o candidatos y garantizar igualdad de condiciones entre aspirantes.

Entre sus principales objetivos están la neutralidad de los servidores públicos, la equidad entre partidos y la transparencia en el uso del presupuesto estatal.

La normativa establece restricciones temporales, como la prohibición de modificar nómina en la Rama Ejecutiva durante los cuatro meses previos a elecciones —salvo excepciones como renuncias o cargos de carrera— y limita la contratación directa y convenios interadministrativos con recursos públicos.

También impide que funcionarios participen en actos proselitistas, inauguren obras o lancen programas sociales durante campañas.

Existen, sin embargo, excepciones contempladas en la ley, entre ellas contratos necesarios para defensa y seguridad, créditos públicos, continuidad de servicios esenciales como salud y educación, y obras urgentes derivadas de emergencias.

Un momento clave para el debate público

Las cifras divulgadas reavivan la discusión política sobre el uso del gasto estatal en periodos previos a restricciones electorales y ponen nuevamente en el centro del debate el alcance real de la Ley de Garantías como mecanismo de control institucional.

El informe podría tener implicaciones en revisiones administrativas y debates de control político, mientras autoridades continúan analizando los contratos firmados antes de que entraran en vigor las limitaciones establecidas por la norma.