Gobierno propone impuesto a grandes empresas para atender crisis invernal

El Gobierno estudia un impuesto al patrimonio empresarial para financiar la atención a familias afectadas por la ola invernal.

Por: Laura Campo • Colombia.com
Emergencia económica. Foto: Shutterstock
Emergencia económica. Foto: Shutterstock

El Gobierno estudia un impuesto al patrimonio empresarial para financiar la atención a familias afectadas por la ola invernal.

En medio de la emergencia causada por las lluvias, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa una herramienta inusual: un nuevo impuesto al patrimonio para empresas con mayores activos. La propuesta se dio a conocer en el lapso de un consejo de ministros en Córdoba, uno de los departamentos más afectados por las inundaciones.

Por otra parte, Germán Ávila, ministro de Hacienda, expuso que la idea es añadir la medida dentro de una posible nueva emergencia económica. Con ese método, el Ejecutivo podría expedir decretos para recolectar recursos dirigidos a atender a los hogares damnificados y a restaurar infraestructura dañada por la época invernal.

El impuesto estaría destinado a personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, lo que en otros términos equivale a poco más de 10.000 millones de pesos. La tarifa sería paso a paso: iniciaría en 0,6 % y aumentaría a 1,2 % para los patrimonios más altos. Según cálculos oficiales, alrededor de 15.000 empresas entrarían en ese rango.

Desde el Gobierno se confirma que el propósito es concentrar el empeño en las compañías más grandes y evitar dañar a pequeñas y medianas empresas. El ingreso proyectado ronda los 8 billones de pesos, recursos que se asignarían a ayudas humanitarias, mejora de vías, restauración de viviendas y ayuda a sectores productivos golpeados por el invierno.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno ya genera discusión. Algunos analistas alertan que el efecto no sería de una vez y que el país mantiene una carga tributaria elevada para el sector corporativo, especialmente el impuesto de renta. También hay cuestionamientos sobre el efecto que podría tener en la inversión en un contexto económico aún delicado.

A esto se suma el elemento jurídico. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la emergencia económica anterior, por lo que cualquier nuevo decreto deberá demostrar que responde a hechos distintos. El Ejecutivo sostiene que el agravamiento de la crisis climática cumple con ese requisito.

Por ahora, el anuncio marca el inicio de un debate que promete ser fuerte en el ámbito económico y político. Mientras tanto, en las regiones afectadas, la urgencia es inmediata y la presión por encontrar recursos también. El debate ahora se pasa al terreno político y jurídico, donde se mirará si la medida logra respaldo o enfrenta un nuevo freno institucional.