Exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, condenado a 21 años y 8 meses de prisión por corrupción

En horas de la mañana de este jueves, 21 de marzo, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar, a 21 años y 8 meses de prisión, por los casos de corrupción en los que se le señala como “coautor de varios delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía”.

Según dio a detallar el alto tribunal en su comunicado, al exgobernador del Cesar también se le negó la condena de ejecución condicional, así como la prisión domiciliaria, por lo cual, la Sala le ordenó al INPEC que traslade inmediatamente a Monsalvo Gnecco a un centro de reclusión.

Monsalvo Gnecco fue acusado y condenado en primera instancia por con un contrato de suministro del 21 de agosto del 2015 del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual fue suscrito entre el departamento del Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015.

El contrato tenía como objeto la “prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar”, y fue suscrito por un valor de $17.145.105.000.

La Corte lo condenó al demostrarse que en la tramitación, celebración y liquidación del contrato, se vulneraron los principios de planeación responsabilidad y legalidad, y se permitió que terceros se apropiaran de recursos públicos, lo que generó importantes sobre costos y un beneficio económico para el contratista.

Uno de los casos que más llamó la atención de opinión pública en esta serie de irregularidades, fue la compra de kilos de hígado a 65 mil pesos, cuando para esa época no superaban los 14 mil pesos.

“De acuerdo con dicha definición la ponderación integral de los medios de prueba transmiten a la Sala la certeza de la configuración del dolo en el comportamiento de MONSALVO GNECCO, como quiera que siempre fue consciente de la complejidad de la contratación relacionada con el PAE y por ello de la necesidad de estar atento a todo su desarrollo, sin embargo, a pesar de esto, abandonó deliberadamente sus deberes de orientación, vigilancia, control y supervisión a quienes delegó la función de tramitar, celebrar y liquidar el contrato 2015-1178 de 2023. Para la Sala es claro que no sólo conocía los elementos integrantes del tipo objetivo del delito, sino que voluntariamente decidió llevarlos a cabo”, señala el fallo de la Sala de Primera Instancia.