Petro criticó la ley que permitió la desmovilización de paramilitares en el gobierno de Uribe

Este miércoles, 22 de marzo, el presidente Gustavo Petro en Barrancabermeja, durante la entrega de indemnizaciones a casi 8.000 víctimas, lanzó una fuerte crítica contra la "Ley de Justicia y Paz" que permitió la desmovilización de paramilitares durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), al asegurar que no se ha reparado a las víctimas y que los victimarios deberían contar la verdad al país.

"Era una ley de impunidad a los narcotraficantes armados de Colombia", criticó Petro en el departamento de Santander, donde entregó indemnizaciones por 23.000 millones de pesos (unos 4,8 millones de dólares) a cerca de 8.000 víctimas del conflicto armado.

Según Petro, los paramilitares "creyeron que estaban haciendo un negocio" al combatir a las guerrillas y "quizás pensaban que de verdad estaban limpiando el país de lo que consideraban inferior, pero estaban aupados desde el poder".

"No querían que en las regiones pudiera haber pensamientos críticos libres, que la gente se pudiera vestir de manera diferente (...) que pudieran decir que tenían derechos como seres humanos. Iban exterminando y pasó una época terrible", añadió.

El mandatario lamentó que cuando se promulgó la Ley de Justicia y Paz no hubiera un fiscal que la cuestionara, como sí ha ocurrido ahora con el fiscal general, Francisco Barbosa, quien ha sido crítico con la ley de sometimiento de bandas criminales que propone el Gobierno de Petro como parte de su proyecto de paz total.

Durante el acto, fueron entregados los recursos a las víctimas en cumplimiento de 7 sentencias proferidas por jueces de la jurisdicción de Justicia y Paz sobre los bienes entregados por condenados de los grupos Libertadores del Sur, Central Bolívar y Mineros.

Según el Presidente, las indemnizaciones hacen parte de un total de 5 billones de pesos que los jueces, en 48 sentencias, han ordenado al Estado entregar a las víctimas, pero de los cuales “apenas un poco más del 10% se ha hecho en más de diez años”.

Ante esta situación, indicó que, como Presidente de la República y dado que la Ley 975 (de Justicia y Paz) está vigente, “pues hay que ponerla de nuevo a funcionar con un objetivo: cerrar este ciclo” y, de esa forma, “saber la verdad y encontrar los recursos”.

También le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar actos de corrupción con los recursos para indemnizar a las víctimas, al igual que lo que ha sucedido con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y otras irregularidades en entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“El Gobierno, por su responsabilidad política ante la sociedad colombiana, como quienes fueron beneficiarios jurídicos de esta ley, como las víctimas, porque tienen que moverse como un movimiento social, deben reclamar derechos y reclamar la verdad”, concluyó el Presidente Petro.