Vicecanciller colombiana viajó a Tegucigalpa a revisar Acuerdo de Cartagena

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, precisó hoy que Londoño, viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería colombiana y una de las redactoras del Acuerdo, viajó acompañada de un abogado de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia colombiano.

El pasado martes el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, anunció la llegada, este jueves a su país, de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, para verificar si la justicia está siendo imparcial con los juicios de exfuncionarios del expresidente Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009.

Holguín precisó este jueves que "el acuerdo es muy claro: dice que se respetarán todos los derechos de los exfuncionarios del presidente Zelaya, dentro del marco de la Constitución y la Ley".

Sin embargo, tras indicar que "eso es clarísimo", advirtió que "si hay un juicio por algo que no es político, como en este caso, que es un tema de corrupción, es muy difícil que se interprete que el acuerdo los cubre".

La ministra colombiana añadió que también viajó a Tegucigalpa "un representante del canciller (Nicolás) Maduro, una persona que trabajo con él, también en la redacción (del acuerdo)".

Ellos, miembros de la Comisión de Seguimiento, "se van a reunir desde hoy. He estado hablando con el canciller Maduro del tema y esperamos que eso deje de hacer ruido", concluyó Holguín.

Colombia y Venezuela son garantes del Acuerdo de Cartagena, pues sus gobiernos propiciaron el regreso a Honduras, el 28 de mayo pasado, de Zelaya y varios de sus exministros, y del país centroamericano a la Organización de Estados Americanos (OEA), el 1 de junio.

Uno de los exministros de Zelaya que está acusado por presuntos actos de corrupción, y a quien un juez de Tegucigalpa le dictó la semana pasada arresto domiciliario y una fianza equivalente a 1,4 millones de dólares, es Enrique Flores.

Flores, exministro de la Presidencia, denunció la semana pasada que con el fallo se ha violentado el Acuerdo de Cartagena, alegando que establece que los exfuncionarios acusados deben ser escuchados en libertad. EFE