Físcalia crea unidad para que desmovilizados aclaren situación jurídica

La fiscal general, Viviane Morales Hoyos, aclaró que el proyecto sobre la reforma a la Ley de Justicia y Paz es distinto a la Ley 1424 que avaló la Corte Constitucional y que permite sacar del limbo jurídico a por lo menos 26 mil exparamilitares que, de todas formas, deberán acudir a la Fiscalía para aclarar su situación jurídica.

Al declarar constitucional la Ley 1424, la Corte consideró que los acuerdos individuales de paz y la obligación de los desmovilizados de ayudar a establecer la verdad sobre todos los delitos cometidos por sus grupos son compatibles con los derechos de las víctimas.

La Corte hizo una advertencia expresa: los beneficios de esta ley solo cobijan a los ex 'paras' desmovilizados y, eventualmente, a ex guerrilleros. Advierte que en ningún caso los miembros de las bandas criminales podrán tener beneficios similares.

"Ellos tienen que venir nuevamente a la Fiscalía, por eso se creó una unidad de desmovilizados para que se presenten a declarar sobre su delito de concierto para delinquir, también el de uso de uniformes de uso privativo de las FF.MM y porte de armas; y se les suspende la ejecución de la pena, si contribuyen a la verdad histórica se les da ese beneficio, lo que significa que no irían a la cárcel", explicó Morales Hoyos.

Los magistrados también señalaron que los jefes paramilitares deben ser procesados por la Ley de Justicia y Paz, que establece penas alternativas de entre cinco y ocho años. En consecuencia, ninguno de ellos podría ser cobijado por la Ley 1424.

Hace un año, la misma Corte había declarado inexequible una ley que permitía aplicarles a los ex Auc el principio de oportunidad: la posibilidad de no investigarlos penalmente si no tenían delitos diferentes a la sola pertenencia a los grupos ilegales.

Cuando la Fiscalía empezó a buscar a los desmovilizados para capturarlos, el Gobierno advirtió que esa situación podría dar al traste con todos sus programas de desmovilización y reintegración, a los que se han acogido cerca de 54 mil ex guerrilleros y ex 'paras' desde el 2003.

En este momento, la Alta Consejería para la Reintegración busca a unos 8 mil desmovilizados que ya habían salido de sus programas y que no han firmado aún los acuerdos individuales de paz.
Hay plazo hasta el próximo 28 de diciembre. Si no lo hacen, las órdenes de captura en su contra quedan vigentes.

La fiscal Morales recordó que "el país está en observación frente al funcionamiento de la Ley de Justicia y Paz. Ha sido muy lento el proceso". Yo estuve reunida con el fiscal de la Corte Penal Internacional recientemente en La Haya para explicar el tema porque no es fácil ".