Gobierno anuncia proyecto legal para miles de ex paramilitares

El Gobierno colombiano anunció este viernes que llevará al Legislativo una nueva iniciativa legal para superar el limbo jurídico en el que se encuentran unos 17.000 desmovilizados de las AUC.

El proyecto, que será presentado al Congreso el lunes próximo, fue consensuado por el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria durante una reunión extraordinaria que mantuvo este viernes en la Casa de Nariño.

El encuentro fue liderado por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, que lo convocó tras la decisión de la Corte Constitucional de invalidar una norma que suspendía los procesos penales al numeroso grupo de antiguos paramilitares que entraron en un programa gubernamental de reinserción o reintegración.

El alto tribunal informó hace tres días de la ilegalización del llamado "principio de oportunidad", figura adoptada en 2009 y que permitía no procesar a los antiguos paramilitares por el cargo de pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según la Corte Constitucional, la norma es ilegal porque viola los principios de justicia y reparación para las víctimas y significa una suerte de amnistía.

Como efecto, el fallo dejó en el limbo jurídico a poco menos de la mitad de los más de 31.000 paramilitares que dejaron las armas finales de 2003 a mediados de 2006 dentro de un proceso de paz del Gobierno del ahora ex presidente Álvaro Uribe con las AUC.

"Se ha llegado a un acuerdo para estructurar una herramienta que garantice la estabilidad del proceso de reintegración, al tiempo que se materialicen los derechos de las víctimas", anunció Vargas al término de la sesión extra.

El ministro anticipó que el consenso está en "una iniciativa que ha sido consultada y será estructurada por expertos y un equipo de trabajo del más alto nivel".

El proyecto será presentado el próximo día 29 al Congreso, agregó Vargas, que ejerce las funciones presidenciales por el viaje del gobernante Juan Manuel Santos a Guyana, donde asiste a una cumbre de Unasur.

"La urgencia de la situación amerita una respuesta rápida y efectiva del Estado", prosiguió el titular del Interior y de Justicia, y apuntó que el CSPCP llama al Congreso a que gestione de manera pronta esta iniciativa.

Asimismo, a que "apruebe medidas que propenden por el respeto de los derechos de las víctimas, pero que también busquen garantizarles a las personas desmovilizadas una situación jurídica estable que permita su reintegración a la sociedad civil".