Proyectos que estudia Congreso colombiano son "un error": AI

En opinión del argentino Marcelo Pollack, investigador para Colombia de AI, es "positivo" el compromiso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia de protección de derechos humanos, aunque esos proyectos no son del agrado del organismo.

"Especialmente se notó un cambió en el clima hostil que marcó el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). También hubo un cierto acercamiento a las organizaciones de derechos humanos, se aprobó la ley de víctimas y restitución de tierras y se rechazaron las amenazas y los homicidios de defensores de derechos humanos", dijo Pollack en una entrevista que concedió al diario "El Tiempo".

Sin embargo, el investigador anotó que AI sigue preocupada porque "aún no se han notado mejoras tangibles" y porque los abusos siguen siendo los mismos de siempre, es decir, desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual.

"Y las víctimas en mayor riesgo son las mismas: indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinos, defensores de derechos humanos y sindicalistas", comentó.

Pollack señaló que lo que más preocupa a AI actualmente es la discusión en el Congreso de una reforma al fuero militar y de un Marco Jurídico para la Paz, que contiene herramientas que facilitarían una eventual negociación con la guerrilla.

"Las reformas del marco legal para la paz y la reforma al fuero militar que están en el Congreso son dos temas que preocupan mucho a Amnistía Internacional. Pensamos que marcaría un reverso significativo en la lucha contra la impunidad aprobar estas dos iniciativas", dijo.

"Creemos que es un error seguir adelante con estas medidas, especialmente para el presidente Juan Manuel Santos, que ha tenido cierto éxito en presentarle a la comunidad internacional la visión de un gobierno que está en pro de los derechos humanos, en contra de la impunidad", añadió el experto.

El gobierno asegura que el proyecto sobre el fuero militar no representa un retroceso ni propicia la impunidad, sino que busca eliminar "zonas grises" que crean colisiones entre la justicia ordinaria y la castrense.

Según el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, la reforma especifica que deben ser procesados por la justicia civil los miembros de las Fuerzas Armadas que incurran en conductas que no tienen que ver con su actividad, como delitos de lesa humanidad, el genocidio, el abuso sexual, la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento, el terrorismo contra la población civil y reclutamiento de menores.

Pollack expresó que AI no está de acuerdo con un punto del proyecto que despoja a la justicia ordinaria de la facultad de decidir si un caso es investigado por esa instancia o por los tribunales castrenses.

"En nuestra opinión, la justicia penal militar no debería en ningún caso definir si hubo una violación de derechos humanos o no", dijo Pollack.

En el caso del Marco Jurídico para la Paz, Pollack dijo que a AI le preocupa que darle prioridad a algunos casos genere impunidad.

"Este método no debería implicar el abandono de la investigación de violaciones de derechos humanos", dijo el investigador.

Dicho criterio de selección de los casos, que busca concentrarse en las principales violaciones de los derechos humanos, también ha sido criticado por Human Rights Watch (HRW).

El director ejecutivo para América de HRW, José Miguel Vivanco, dijo hace poco que ese proyecto puede generar impunidad y derivar en la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia.

La iniciativa indica que las autoridades judiciales se concentrarán en investigar y sancionar a los "máximos responsables" de los grupos armados ilegales, lo que dejaría sin castigo a mandos medios y autores de delitos como masacres, desapariciones forzadas o violaciones sexuales en el marco del conflicto armado interno. DPA