¿Prima de 18 millones para congresistas? Consejo de Estado suspende decreto del Gobierno

Este jueves 16 de julio, el Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que buscaba eliminar la prima especial de los congresistas, la cual equivale a unos 18 millones de pesos.

La decisión fue adoptada por el conjuez Héctor Santaella Quintero mientras la alta corte estudia la demanda que busca anular el decreto de forma definitiva.

Esa medida buscaba que los nuevos congresistas que se posesionan a partir del 20 de julio de este año no tuvieran esa prima especial; sin embargo, la decisión quedó en veremos mientras se estudia el fondo del caso.

¿Por qué el Consejo de Estado frenó el decreto?

En el auto, el Consejo de Estado explicó que, tras una revisión inicial del caso, encontró razones suficientes para frenar los efectos de la norma mientras avanza el proceso judicial.

La providencia señala que "surgen con claridad, en esta etapa temprana del proceso (...), elementos suficientes para evidenciar la infracción de principios y reglas constitucionales y legales estructurales dentro del Estado social y democrático de Derecho establecido por el artículo 1 de la Constitución, cuya protección justifica ampliamente esta medida cautelar".

De hecho, uno de los argumentos centrales del Consejo de Estado es que, aunque el decreto estaba dirigido a eliminar la prima especial únicamente para los congresistas, sus efectos podrían afectar a otras entidades del Estado. Según el auto, "sus efectos se proyectan más allá de quienes conforman el órgano legislativo" y advierte que las consecuencias de la derogatoria afectarían a otros órganos del Estado.

¿A quiénes podría afectar?

De acuerdo con la providencia, la eliminación de la prima también podría impactar los ingresos de funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional.

"Lleva a que la supresión de la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República impacte en la remuneración de los servidores de la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría, tanto en sus cabezas, como en los funcionarios de menor rango (…) dado que el régimen salarial de sus máximos representantes está sujeto al de los congresistas, en virtud del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992", señala.

Por esa razón, el Consejo de Estado consideró necesario suspender temporalmente el decreto mientras estudia si fue expedido conforme a la Constitución y la ley.

La alta corte aclaró que esta medida es únicamente provisional y no significa que ya haya tomado una decisión sobre la legalidad del decreto. El auto precisa que el análisis realizado corresponde a una etapa inicial del proceso y que no representa un fallo de fondo. Será durante el estudio de la demanda cuando el Consejo de Estado determine si el decreto del Gobierno puede mantenerse o debe ser anulado definitivamente.