¿Se complica la Green Card? USCIS nueve fichas con nueva propuesta de carga pública

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la regla de carga pública al presentar, el pasado 3 de noviembre de 2025, una propuesta de cambio regulatorio ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA). Aunque el documento aún no es público, el solo registro del trámite anticipa posibles modificaciones que podrían incidir en la obtención de la Green Card y en los procesos de ajuste de estatus para miles de migrantes en Estados Unidos.

La agencia, según dicta el protocolo federal, debe someter cualquier reforma a un periodo de revisión previa antes de publicarla en el Registro Federal y abrir la etapa de comentarios ciudadanos. Esto significa que, por ahora, el verdadero alcance del borrador permanece bajo reserva y no se conocen los programas que podrían incluirse o excluirse del análisis de carga pública.

Actualmente, la regulación vigente adoptada en septiembre de 2022 limita la evaluación migratoria a dos factores: la recepción de asistencia en efectivo destinada al sostenimiento de ingresos, como los beneficios de SSI o TANF, y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno. USCIS excluye expresamente del análisis apoyos como SNAP, vales de vivienda, WIC o los servicios regulares de Medicaid, los cuales no cuentan como evidencia de dependencia gubernamental para propósitos migratorios.

La noción de “carga pública”, inscrita en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite a las autoridades declarar inadmisible a un solicitante si se presume que dependerá principalmente de ayudas públicas. Su definición ha fluctuado en la última década, y cada ajuste regulatorio despierta preocupación entre las comunidades migrantes. De acuerdo con USCIS, el concepto se activa solo cuando la dependencia económica recae en programas de asistencia económica directa o cuidado institucional, excluyendo el resto de beneficios federales.

El registro presentado ante OIRA confirma que USCIS busca actualizar esos criterios, aunque sin ofrecer pistas sobre la dimensión del cambio. Una vez la propuesta supere la revisión interna, deberá publicarse en el Registro Federal para abrir un periodo de comentarios donde ciudadanos, organizaciones y especialistas podrán emitir observaciones. Ese ciclo forma parte de la Ley de Procedimiento Administrativo y puede extenderse por semanas o meses, dependiendo del volumen de aportes y ajustes.

Cabe mencionar que mientras la norma no se modifique oficialmente, los solicitantes de Green Card deben guiarse por la regulación de 2022. Bajo el marco actual, los residentes permanentes clasificados como “extranjeros calificados” pueden acceder a ciertos beneficios federales tras un periodo de espera de cinco años, salvo excepciones que incluyen refugiados, asilados, víctimas de trata, menores de edad y algunos miembros de familias militares, entre otros.

Por ahora, quienes aspiran a obtener la residencia permanente pueden esperar un proceso sin cambios inmediatos. Si la nueva propuesta avanza, el público podrá conocer su contenido y participar en su discusión. Hasta entonces, las reglas actuales siguen siendo las que determinan cómo se aplica la carga pública en Estados Unidos.