Maltrato animal: taxista que atropelló a una perrita en Bogotá fue imputado

Recientemente se conoció un terrible e indignante caso de maltrato animal, luego de que un taxista arrollara a una perrita de raza french poodle, pasándole dos veces por encima, y escapara del lugar sin detenerse a auxiliar al animal o a responder por lo sucedido; los hechos quedaron grabados en una cámara de seguridad del barrio Jiménez de Quesada, en Bosa, videos que han servido como material probatorio en la investigación.

Recientemente, el acusado compareció ante un juez de control de garantías, y un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal le imputó dos delitos: maltrato animal agravado y fraude a resolución judicial o administrativa de policía, aunque este hombre no aceptó ninguno de los cargos.

“Esta persona, al parecer, dirigió el taxi que conducía sobre un canino y escapó del lugar sin brindar asistencia al animal. El perro sufrió fractura de costillas, ruptura de vejiga, entre otras lesiones internas que le causaron la muerte”, dio a conocer el ente acusador.

Precisamente, el último delito del cual se le acusó (fraude a resolución judicial o administrativa de policía) se da porque, aparentemente, este taxista tenía vigente una suspensión de la licencia de conducción por cinco años en el momento en el que ocurrió el atropello, además contaba con una prohibición para manejar vehículos de transporte público por 10 años.

Vale la pena mencionar que tras el eco que generó el video de la trágica situación de este can, la empresa Tax Express, a la cual se encontraban vinculados el vehículo y el conductor, se manifestó sobre lo sucedido, asegurando que tomaron las medidas pertinentes frente a los hechos, apartando a esta persona de la compañía.

“Le informamos que teniendo en cuenta la evidencias expuestas por la ciudadanía, Tax Express no comparte estos comportamientos que demeritan al gremio del servicio individual de taxi, para tal fin, se tomaron medidas sancionatorias correspondientes”, manifestó José Alejandro Hernández, gerente de Tax Express, en un comunicado para la opinión pública.

En cuando a las penas sentenciadas por las autoridades competentes, el acusado tendría que pagar entre 1 y 4 años de prisión y una multa de entre 5 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, solo por el hecho de no haber acatado la orden de no volver a conducir vehículo público en 10 años y manejar con la licencia suspendida.

Por el otro lado, en caso de ser comprobado el maltrato animal esta pena podría aumentar aún más, sumándole entre 12 y 36 meses de detención en la cárcel, y una multa que podría superar los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tal como lo estipula la ley.