Colombia.com (06/Dic/2002): No satisfacer las necesidades de la sociedad colombiana en materia de justicia y no producir efectos reales, fueron algunas de las razones que motivaron la creación del proyecto de reforma a la Fiscalía y al sistema penal colombiano; que pretende imponer un sistema acusatorio y oral, con el fin de hacer más eficaz la justicia colombiana y descongestionar miles de procesos atiborrados de un sin fin de expedientes que se encuentran en espera desde hace años.
De ser aprobada la iniciativa, el sistema judicial nacional entraría en una etapa de cambios graduales en procedimientos y hasta culturales, que tardaría unos ochos aproximadamente.
El más importante cambio sería el replanteamiento de la función de la Fiscalía General de la Nación, que hoy día trabaja como investigador, acusador, calificador y juzgador. De esta forma, este organismo de control se dedicaría exclusivamente a trabajos de investigación.
www.colombia.com habló con Carlos Holguín, director del Partido Conservador y ponente de la iniciativa que cursa en el Congreso de la República.
¿Por qué la iniciativa de cambiar
"El sistema penal actual no produce efectos reales".
el sistema judicial colombiano y reformar a la Fiscalía?
Hace mucho tiempo que se viene cuestionando en el país si la Fiscalía General y el Sistema de Justicia quedó bien diseñado en la Constitución del 91, y se ha llegado a la conclusión de que a pesar de la creación de la Fiscalía, (que cuesta hoy más de un millón de dólares diarios) la justicia colombiana no produce efectos reales.
Por eso, la reforma pretende modificar el sistema y pasar de un sistema al que llaman inquisitivo mixto a un sistema acusatorio. Es decir, un sistema parecido al americano; un sistema donde todo se hace valer en la audiencia oral y delante de un que decide si mete o no a la cárcel a una persona.
Es un procedimiento como se ve en las películas, mucho más ágil. Sin embargo, es muy difícil de implementarlo en Colombia, porque es un sistema muy de la cultura anglosajona y habrá que irlo implementado poco a poco, como un cambio cultural más que como un cambio constitucional simplemente.
¿Hay países latinos que tengan este sistema?
Ya todos han estado cambiando hacia el sistema acusatorio,
Son pocos los que se quedan en este sistema inquisitivo y escrito, especialmente en materia penal.
Incluso, en Colombia hoy está abierta la posibilidad del juicio oral, pero no se cumple y se sigue haciendo unos expedientes llenos de papeles.
En cifras ¿cuánto se estaría ahorrando con este nuevo sistema?
Es difícil ahorrar cuando alguien se acostumbra a gastar lo que gasta, pero lo que se pretende es que por lo menos si sea más eficaz. Que los fiscales y la gente de la Fiscalía se ocupe con mayor eficiencia de la investigación del delito y de la persecución del delincuente a través de los mecanismos de Policía Judicial. Que la parte formal del proceso y la parte escrita dentro de todos esos formalismos y la sentencia la tome un juez y no un fiscal.
¿Quiere decir que la Fiscalía ya no capturaría?
Ese es uno de los cambios más importantes: que ya Fiscalía no podría seguir deteniendo gente, y para eso, necesitaría una orden judicial.
Qué beneficios traería para la justicia nacional este sistema?
Actualmente entre investigación y sentencia se demoran más de tres años en promedio. Se supone que si la Fiscalía solamente investiga, puede hacerlo en un tiempo relativamente corto: seis u ocho meses, y después, el juez fallaría en audiencia sin necesidad de estudiar expedientes inmensos. Eso significaría indudablemente un ahorro de tiempo considerable.
Habría que realizar un cambio en infraestructuras?
Si, porque tienen que dotarse los edificios, los despachos de los jueces, de salones para audiencias públicas. Hay un cálculo de la Fiscalía, y para eso requeriría 20 mil millones. Yo creo que con eso no se hace mayor cosa, pero puede ser una primera etapa. Esto tiene que irse implementando gradualmente.
Fiscalía General de la Nación.
Se contempla en la ley que sea cinco años. Aún así en dos años empezarían a realizarse audiencia para delitos menores.
¿Cómo serían esos cambios culturales que menciona?
De convertirse en norma constitucional, durante el año entrante y parte de 2004 se trabajarían en los nuevos códigos. Supongo que durante ese mismo tiempo se trabajaría en universidades adecuando el currículo para que en el 2004 los estudiantes empiecen a trabajar los dos sistemas.
En el 2005 empezarían a entrar en vigencia los códigos y se darían las primeras audiencias a mediados de ese mismo año.
¿Qué cambios habría en materia de códigos?
Básicamente el Código de Procedimiento Penal, el Código Carcelario, el Código Penitenciario y creo que tiene que cambiar el Código Penal. Sobre todo habrá que despenalizar muchas conductas.
Por ejemplo, colocarle a un raponero una multa, o que le obliguen a pagar el doble de lo que se robó, o trabajar en una obra pública. Todo eso tiene que cambiar porque si sigue como la legislación actual, entonces lo que va a pasar es que se va a ser más complicada la congestión en las salas de audiencia.
¿Está muy congestionado el sistema judicial?
Terriblemente congestionado. Hay 800 mil procesos en trámite y eso es una locura. Y en cada uno hay cientos y cientos de páginas escritas. Ese es el error, porque los abogados se encargan de llenar el expediente de papeles y de pedir pruebas y de demorar cosas, porque saben que el tiempo juega a su favor por la figura de las prescripción.
¿Qué pasaría con el fallo de la Corte Constitucional que prohibió el Ejército tener funciones judiciales, mientras que el proyecto sí plantea viable?
Yo creo que en el caso colombiano es indispensable (en
caso excepcionales) que el Ejército pueda ejercer funciones de policía, por ejemplo, en zonas de conflicto. Si la reforma hubiera salido antes, no habría podido fallar la Corte, y aún así no la afecta.
Hay un ejemplo reciente; el ejército americano fue llamado a ejercer funciones de condición judicial por el presidente de Estados Unidos en el caso del francotirador de Washington.
Si hay la sospecha cierta de que están montando un lanzagranadas de esos que se montan acá desde el 7 de agosto, no se puede poner a esperar uno haber si un juez da la orden. Tiene que entrar la policía y hacer el allanamiento.
¿Qué otros cambios habrían
Se modificaría la figura de la Defensoría. El Estado tiene que dar facilidades para la defensa, y por eso, se debe fortalecer la Defensoría.
De pronto tienen que darle más presupuesto, supuestamente no va más allá de lo que valen hoy en su conjunto, pero eso no está claro. Fue uno de los reclamos del proyecto: no presentaron un estudio adecuado de costos.
En la renovación de los códigos habría posibilidad de cambiar la “tarifa de condenas”?
Esa es la idea. Esa es la idea. Hacer algo más racional y no como hace dos años con el código de Alfonso Gómez Méndez.
Yo critiqué cuando se discutía el Código de Procedimiento Penal, pues no tenía criterio en lo que llaman la dosificación de la pena.
¿Para que no ocurra los mismo que con Gilberto Rodríguez Orejuela?
Ese es otro cuento, pero es por el mismo lado. Que no haya lugar a tantos descuentos, rebajas y beneficios como hoy se conceden y que se acumulan una sobre otra. Eso en ninguna parte existe.
Pero no creo que lleguemos a ser tan radicales como en Estados Unidos.
