Plazo relámpago para pagar impuesto al plástico desata choque entre Gobierno y empresas

El ambiente en el sector importador volvió a calentarse tras la última decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de fijar un plazo instantáneo para acatar con el impuesto a los productos que ingresan al país empacados en plástico.

La medida determina que las compañías deben mostrar la declaración y hacer el pago en cuestión de días, lo que ha generado preocupación entre empresarios y gremios que confirman no contar con el tiempo necesario para revisar información técnica y financiera agrupada durante meses.

Desde la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) indicaron que el proceso no es simple. Cada empresa debe analizar sus importaciones, comprobar si los bienes llegaron envasados o embalados con plástico y calcular el peso exacto del material utilizado, dato clave para liquidar el tributo de la manera correcta.

Representantes del gremio alertaron que la obligación del impuesto tiene efectos retroactivos, por lo que se deben examinar operaciones realizadas desde mediados del año pasado. Esta revisión conlleva rastrear documentos, coordinar con proveedores internacionales y validar datos logísticos en un margen de tiempo reducido.

El impacto no se restringe a una sola industria. Comerciantes, distribuidores, fabricantes y grandes cadenas podrían verse obligados a reorganizar equipos internos para cumplir con el requerimiento. En algunos casos, la información sobre empaques no está precisa en facturas, lo que complica aún más el cálculo del gravamen.

Además, expertos tributarios indican que cualquier error en la declaración podría derivar en sanciones económicas, lo que incrementa la presión sobre las empresas. La preocupación central no es el impuesto en sí, sino la urgencia con la que debe implementarse.

El sector también ha reiterado en la necesidad de mayor claridad normativa frente a los beneficios asociados a economía circular y posibles excepciones. Sin reglas definidas, sostienen, el riesgo de interpretaciones distintas entre contribuyentes y autoridad fiscal es grande.

Ante este panorama, el sector empresarial pidió abrir un espacio de consenso para ajustar el calendario y asegurar que el cumplimiento se realice de manera disciplinada. De no modificarse el cronograma, alertan que podrían presentarse diferencias administrativas y un aumento en problemas tributarios en los próximos meses.

La incertidumbre ha obligado a activar equipos jurídicos y contables contrarreloj. Ahora, la expectativa está puesta en una eventual revisión del plazo por parte de la autoridad tributaria.