Juez Garzón absuelto en juicio por crímenes del franquismo
Pese a su absolución en esta causa, Garzón no podrá volver a ejercer como juez, ya que el Consejo General del Poder Judicial español lo inhabilitó por 20 años.
Pese a su absolución en esta causa, Garzón no podrá volver a ejercer como juez, ya que el Consejo General del Poder Judicial español lo inhabilitó por 20 años.
La
sentencia, que fue adoptada con el voto favorable de seis de los
magistrados que juzgaron a Garzón y con la oposición de uno, señala que
la decisión del juez de declararse competente para esa investigación fue
"errónea" pero no prevaricadora.
Pese a su absolución en
esta causa, Garzón no podrá volver a ejercer como juez, ya que el pasado
día 20 el Consejo General del Poder Judicial español le expulsó de la
carrera judicial, tras haber sido condenado el 9 de febrero a once años
de inhabilitación en el juicio que se le siguió por haber ordenado
escuchas a los miembros de una red de corrupción.
El juicio
por la causa del franquismo había quedado visto para sentencia el pasado
día 8, y en él la acusación, ejercida por dos sindicatos
ultraderechistas, pedía 20 años de inhabilitación para Garzón, mientras
tanto la Fiscalía como su defensa solicitaban su absolución.
El
juez más conocido de España -por su lucha contra la banda terrorista
ETA, entre otras causas- y famoso en el exterior por perseguir a los
represores de las dictaduras de Chile y Argentina, aseguró el último día
del juicio sobre el franquismo que había tomado las decisiones que
creía "ajustadas a derecho" para que las víctimas de crímenes y
desapariciones de ese periodo histórico español no quedaran en el
olvido.
La causa tuvo su origen en la decisión que Garzón
-que era juez de instrucción en la Audiencia Nacional- tomó el 16 de
octubre de 2008, cuando se declaró competente para investigar las
denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la
Guerra Civil y el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda
España.
En el auto, el juez apuntaba como responsables de los
hechos a 35 altos cargos del régimen franquista, incluido el dictador
Francisco Franco, cuyo certificado de defunción solicitó a efectos de
declarar la extinción de la responsabilidad penal.
La
Fiscalía recurrió la decisión de Garzón y el 28 de noviembre de 2008 la
Audiencia Nacional acordó declarar que el juez carecía de competencia
para asumir esa investigación y que debían ser los juzgados
territoriales los que decidieran sobre la apertura de las fosas.
El
27 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella
por prevaricación presentada contra el juez por el sindicato de
ultraderecha Manos Limpias.
El juez instructor de esa causa
contra Garzón, Luciano Varela, le abrió en mayo de 2010 juicio oral y le
acusó de ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía que se aprobó en
1977, en la transición de la dictadura a la democracia.
El
Tribunal Supremo dice en la sentencia en la que hoy le absuelve que su
decisión de declararse competente para investigar los crímenes del
franquismo fue "errónea", pero no prevaricadora, y afirma que "el
derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal".
"El
delito de prevaricación no se produce por la aplicación errónea del
derecho, sino por dictar, a sabiendas, una resolución injusta", señala
la resolución, que apunta a la tipificación que Garzón hizo de los
hechos al declararse competente el 16 de octubre de 2008 como el primero
de los errores que cometió.
En ese auto, el juez calificó
los hechos como delitos permanentes de detención ilegal sin ofrecer
razón del paradero de la víctima "en el marco de crímenes contra la
humanidad", pero el tribunal dice que esa tipificación no es aplicable
"ni siquiera en un contexto", porque las leyes que permiten perseguir
esos crímenes no estaban vigentes "al tiempo de la comisión de los
hechos".
La sentencia incluye un reconocimiento a las
demandas de las víctimas del franquismo, al concluir que aunque leyes
como la de Memoria Histórica han reparado "en gran medida" las
consecuencias de los crímenes que sufrieron, "no han concluido las
actuaciones concretas en orden a la localización y recuperación de los
cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación".
Pero,
el tribunal subraya que el establecimiento de la verdad histórica es
una tarea que "corresponde al Estado a través de otros organismos" y a
los historiadores.
EFE
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