Por: María Andrea Suárez • Colombia.com

La denuncia de Catherine Juvinao sobre la OCAD Paz involucra a congresistas y alcaldes

De acuerdo con Catherine Juvinao, están embolatados $41 mil millones de la paz que fueron desembolsados de anticipos a megacontratistas "sin justificación clara".

Catherine Juvinao denuncia presunta red criminal de contratación. Foto: La Alianza Bioversity International y el CIAT
Catherine Juvinao denuncia presunta red criminal de contratación. Foto: La Alianza Bioversity International y el CIAT

De acuerdo con Catherine Juvinao, están embolatados $41 mil millones de la paz que fueron desembolsados de anticipos a megacontratistas "sin justificación clara".

Un debate sobre el millonario saqueo que le hicieron varios altos funcionarios al OCAD Paz lideró Catherine Juvinao en la Cámara de Representantes este miércoles. La congresista hizo una importante denuncia que involucra a otros parlamentarios y alcaldes. 

El escandalo de corrupción sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del fondo para la paz que destina recursos para obras y proyectos de la implementación del acuerdo con las Farc fue revelado el pasado mes de junio por Blu Radio, poco tiempo antes de que se terminara el gobierno de Iván Duque. 

Según revelaron las investigaciones de esta emisora radial, varios funcionarios del Gobierno, congresistas y alcaldes habrían participado en la desviación de los dineros que aprueba el OCAD Paz para los municipios PDET, con el fin de quedarse con una millonaria suma proveniente de estos recursos. 

En ese sentido, Catherine Juvinao mostró, a profundidad, más detalles del caso. De acuerdo con la representante a la Cámara, están embolatados $41 mil millones de la paz. Según afirmó, debían construirse 1.167 viviendas en el Cesar y las obras tienen avances menores al 1%.

“Justo en época electoral desembolsaron 41 mil millones de anticipos a megacontratistas sin justificación clara. Con el agravante de que, según el DNP, 3 contratos están suspendidos. La comunidad nos cuenta que se tienen avances casi nulos”, indicó.

En el debate, Juvinao afirmó que congresistas, megacontratistas y alcaldes están involucrados en una presunta red criminal de contratación. “El departamento que más recibió recursos OCAD Paz es Cesar con más de 700 mil millones desde 2017 hasta hoy y parte de esos recursos eludieron la ley de contratación pública a través de contrataderos”, señaló.

A renglón seguido, la congresista indicó que los contrataderos son el Fondo Mixto y Comfacesar. “Este último celebró jugosos contratos a dedo por un valor de 87.868 millones de pesos, gracias a que los alcaldes de La Jagua de Ibirico, La Paz, San Diego y Fonseca le encargaron la gerencia de los proyectos”, puntualizó. 

La militante de Alianza Verde especificó que la investigación reveló que la familia Cayón Medina, del Cesar, tiene 5 o 6 contratos en los municipios mencionados adjudicados por un valor total de $62.328 millones, cuyos anticipos suman un valor aproximado de $24 mil millones.

“Según medios locales, los Cayón Medina integran la nómina de un congresista y no solo tienen multimillonarios contratos de OCAD PAZ, también tienen contratos de construcción de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, cuyas obras no han entregado, aunque ya finalizaron los juegos”, afirmó.

Juvinao señaló que todo fue posible porque, durante el gobierno Duque, se reformó la Contraloría y el Sistema General de Regalías. “Al mismo tiempo, llegó Luis A. Rodríguez a la dirección del DNP y Martín Zuleta pasó a ser delegado de los alcaldes en OCAD PAZ, ambos son del Cesar”, aseveró.

En ese sentido, la representante a la Cámara enumeró una serie de conclusiones que le dejó la investigación: 

  • Alcaldes, cuotas de un congresista, entregaron 87 mil millones a dedo a través de Comfacesar.
  • Desembolsaron anticipos por 41 mil millones a megacontratistas como los Cayón Medina. 
  • Se han burlado de 1.167 familias con el sueño de tener vivienda pues las obras no avanzan.

Finalmente, Juvinao pidió a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Corte Suprema y a la Fundación para la Libertad de Prensa que investiguen sobre estos hechos y protejan a los periodistas y líderes sociales que han denunciado este caso. ¡No actúen cuando sea tarde!, concluyó.

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