En firme reparación de víctimas del conflicto por parte de los exFarc

Fue negada la demanda presenta por el vocero del Partido Comunes, Pastor Alape, para la entrega material de los bienes de los integrantes de las extintas Farc para la reparación de las víctimas. La decisión la tomó el Consejo de Estado.

Alape, quien hizo parte del Secretariado de esa guerrilla durante muchos años, presentó la acción judicial alegando que se habían cambiado las reglas para la presentación de los bienes que buscan garantizar la indemnización de las víctimas acreditadas.

En ese sentido, el alto tribunal negó la solicitud de suspensión provisional de las reglas que impuso el Gobierno para la elaboración del inventario de los bienes de la extinta guerrilla que serían utilizados para la compensación a los afectados por el conflicto armado. 

La demanda radicada por Alape pedía revisar el artículo 4 del decreto 1407 de 2017 que fija que los desmovilizados que suscribieron el acuerdo de paz debían “garantizar la entrega material de cada bien incluido” en el inventario y responder “por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega. Para el efecto, deberán designar unos delegados que se encarguen de este proceso”.

En ese sentido, el exmiembro de la Farc considera que imponer a los firmantes estas responsabilidades van “más allá de los compromisos asumidos por los desmovilizados en el acuerdo de paz”. 

Además, también argumenta que con esto el Gobierno “no solo desbordó sus competencias, sino que desatendió el deber de cumplir de buena fe el pacto que puso fin a las hostilidades entre la fuerza pública y las Farc y dio lugar a la reincorporación de sus militantes a la vida civil”.

En el fallo, el Consejo de Estado señaló que las normas demandadas no fueron expedidas fuera de las competencias del Ejecutivo, en la medida de que el presidente fue facultado para suscribir los reglamentos necesarios para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz. 

A su vez, el alto tribunal considera que los deberes impuestos a los desmovilizados para la entrega de los bienes destinados a la reparación de víctimas son necesarios para atender la obligación contraída en el pacto final. 

Por estas y otras razones, el Consejo de Estado desestimó los argumentos de Alape y señala que en esta etapa del proceso no se evidencia una contradicción de los mandatos demandados con las normas superiores en las cuales debe fundarse.