Fiscalía desmiente capturas en operativo del Ejército en Putumayo

El Ejército no detuvo a cuatro personas en una operación conjunta en inmediaciones del caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. Así lo aseguró este miércoles la Fiscalía General de la Nación. 

El ente acusador señaló que, tras la operación que según el Ejército dejó once presuntos disidentes de las Farc muertos, “solo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado". 

De igual manera, la Fiscalía agregó que "el componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo". El presidente, Iván Duque, informó el pasado 29 de marzo que "se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo". 

Sin embargo, el Ministerio Público desvirtuó las declaraciones entregadas por la institución y por el Jefe de Estado e indicó que "no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías", por lo cual los "detenidos" están en libertad.

Por su parte, Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch, recordó este miércoles que el ministro de Defensa, Diego Molano, también dijo que "habían capturado a cuatro criminales".

"La verdad: no hubo capturados. Los cuatro heridos fueron llevados a una clínica. Nunca se les hizo un procedimiento de captura. Tres ya tienen el alta médica y están todos libres", expresó el funcionario a través de su cuenta de Twitter. 

Pese a la información entregada por la Fiscalía, por el momento ni el ministro Molano ni el presidente Duque han respondido o profundizado sobre la suerte de los supuestos cuatro detenidos.

Cabe recordar que este operativo ha generado polémica en el país después de que varias organizaciones sociales denunciaran que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.

Al respecto, el ministro Molano ha reiterado en varias oportunidades que entre los fallecidos no habían civiles y se trató de una "operación legítima que fue planeada por más de cinco meses, con información".

"Es una operación legitima porque como ustedes van a ver se operó con todos los protocolos nacionales e internacionales de doctrina (...) Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública", agregó el ministro en una rueda de prensa en Bogotá este miércoles. 

De igual manera, el jefe de la cartera afirmó que, para ejecutar esta operación, se evidenció "una necesidad militar" porque las disidencias atacadas, vinculadas a la conocida ‘Segunda Marquetalia’, son una amenaza para las comunidades del Putumayo.

"Putumayo es uno de los departamentos más afectados por los cultivos ilícitos (...). Esta operación buscaba afectar una estructura que estaba generando desplazamiento forzado", recalcó Molano reiterando la legitimidad de esta actividad militar.