JEP imputa a generales por crímenes de guerra y lesa humanidad en el caso de los 'falsos positivos' en Antioquia

Este miércoles, 19 de febrero, la JEP imputó responsabilidad penal a los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria por crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada. 

La imputación de cargos se da en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la entidad en torno a las ejecuciones extrajudiciales, los ‘falsos positivos’, ocurridos en Antioquia entre los años 2004 y 2007.
Junto a los generales también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes. 

Se trata de integrantes de seis batallones de la IV Brigada: Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 'General Pedro Nel Ospina' (BIOSP), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), Batallón de Infantería No. 10 'Coronel Atanasio Girardot' (BIGIR), Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) y Batallón de Infantería No. 32 'General Pedro Justo Berrio' (BIPEB).

Asimismo, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran.

Según los resultados de la investigación de la JEP, por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente, para ser presentadas como falsas bajas en combate por los militares en el departamento de Antioquia.

“Por primera vez en una imputación por 'falsos positivos', la Sala de Reconocimiento de Verdad confirma la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían”, detalla en su comunicado la JEP.