La JEP le sube la temperatura al debate: Falsos positivos y el rol del Estado

Nace una nueva polémica entre la Jurisdicción Especial para la Paz, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y los falsos positivos que son muy controversiales en el país. En una reciente entrevista con El Espectador, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, Catalina Díaz y Óscar Parra, señalaron que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, conocidas como “falsos positivos”, constituyeron una política de Estado.

Según afirmaron, estas acciones formaron parte de un patrón criminal extendido que privilegiaba los resultados militares en términos de bajas enemigas, estableciendo el “conteo de cuerpos” como indicador de éxito.

Los magistrados destacaron que estas prácticas, con un saldo de 6.402 víctimas reconocidas, no fueron hechos aislados sino parte de una política que buscaba eliminar físicamente a supuestos enemigos. Esta cifra ha sido cuestionada, especialmente por sectores políticos de derecha.

El expresidente Álvaro Uribe, cuyo mandato (2002-2010) ha sido señalado en investigaciones por la prevalencia de los falsos positivos, rechazó las declaraciones de la JEP. Durante un foro del Centro Democrático el 30 de noviembre de 2024, Uribe negó que dichas ejecuciones constituyeran una política estatal o gubernamental.

Si bien reconoció la existencia de estos crímenes, criticó lo que calificó como “ligereza” del tribunal al plantear estas afirmaciones. Según Uribe, confundir “Estado” con “gobierno” evidencia un sesgo que compromete la credibilidad de la JEP.

Además, sostuvo que las cifras y acusaciones del tribunal no tienen suficiente respaldo judicial y están más cargadas de intenciones políticas. Señaló que, durante su administración, se lograron significativos avances en la desmovilización de actores armados y que no se ordenó implementar una política orientada al asesinato de civiles. Recalcó que las explicaciones de altos funcionarios y la seguridad democrática de su gobierno desmienten las conclusiones de la JEP.

Aunque Uribe no negó la existencia de los falsos positivos, puso en duda la cantidad de víctimas y rechazó categóricamente que estos crímenes fueran parte de una política estatal o gubernamental. Concluyó que las afirmaciones de la JEP carecen de sustento jurídico y están políticamente motivadas.