Urge atención en salud para atender brote de paludismo tras levantamiento de paro armado en Chocó
Tras levantamiento de paro armado en Chocó, las autoridades alertan de un brote de paludismo.

Tras levantamiento de paro armado en Chocó, las autoridades alertan de un brote de paludismo.
En el marco del fin del paro armado de la guerrilla del ELN en San Juan (Chocó), que se llevó a cabo desde el pasado 12 de agosto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que implemente medidas de atención en salud que permitan hacerle frente a un brote de paludismo, que ha dejado la iniciativa del grupo criminal.
Según reporta la entidad, en la comunidad indígena La Lerma (zona rural del municipio del Medio San Juan), alrededor de 600 personas han presentado síntomas de la enfermedad y solamente han sido practicadas 200 pruebas, 160 de ellas resultaron positivas, en un proceso que viene siendo realizado desde hace varias semanas.
“Preocupa que los diagnosticados no tuvieron acceso a medicamentos ni a servicios médicos por cuenta del paro armado, que duró ocho días. Por ello, es apremiante un trabajo conjunto de la institucionalidad, a fin de que sean realizadas jornadas de salud en La Lerma”, detalla la Defensoría del Pueblo.
El paludismo es una enfermedad que causa síntomas leves, como escalofrío, dolor de cabeza, fiebre; sin embargo, puede desencadenar síntomas mucho más preocupantes, como fatiga, dificultad profunda para respirar, incluso convulsiones, entre otros. La entidad detalla que, si la patología no es tratada a tiempo, podría ser mortal para menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas susceptibles de una infección aguda, razón por la que es determinante la atención urgente y el reinicio en la toma de medicamentos.
Además, denuncian que otro de los efectos directos que dejó el paro armado es el desabastecimiento en varios aspectos que afectan la economía de la región. Uno de ellos está relacionado con la falta de combustible, necesario para la movilización, así como de alimentos y enseres.
“Preocupa a la entidad de derechos humanos que los cerca de 45.000 afectados por la medida del grupo rebelde en cinco municipios (Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan) estén sintiendo la ausencia de productos indispensables de la canasta familiar. Por consiguiente, la seguridad alimentaria debe ser garantizada en la subregión del San Juan”, puntualizó la Defensoría.