Pegasus y las sombras del espionaje en Colombia: Fiscalía revela nuevas pruebas

Sigue una de las investigaciones más polémicas del país. La Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, proporcionó más detalles sobre el caso Pegasus, el software de espionaje que presuntamente se ha utilizado para interceptaciones ilegales, según denunció el presidente Gustavo Petro.

En una entrevista con El Tiempo, Camargo confirmó que hubo una transacción de once millones de dólares, respaldada por un documento de origen israelí recibido por la Fiscalía, que especifica un primer pago de 5,5 millones en junio de 2021. Dicho monto ingresó en efectivo, lo cual fue registrado en un formulario de operación cambiaria que confirma la llegada de dinero a Israel.

Camargo explicó que la investigación sobre Pegasus comenzó tras una denuncia de un magistrado de la Corte Constitucional, antes de que se recibiera un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel.

La fiscal indicó que se ha enfrentado a obstáculos debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, un tema agravado por las tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, la Fiscalía ha logrado adelantar diligencias clave gracias a la colaboración de la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que ha permitido relacionar ciertos vuelos entre Tel Aviv y Bogotá en junio de 2021 con las transacciones sospechosas.

La fiscal subrayó que existen pruebas objetivas, como las rutas del dinero verificadas por entidades israelíes, que respaldan la posible adquisición del software Pegasus. No obstante, aún no se ha confirmado una compra oficial, y la investigación sigue abierta, enfocada en verificar si realmente se efectuó el pago y cuál fue el origen de los fondos.

Camargo destacó que el proceso se lleva a cabo de manera objetiva, sin alinearse con la actual presidencia o la administración anterior, y que la Fiscalía está dispuesta a revisar los presupuestos de gastos reservados.

Finalmente, Camargo afirmó que el ente investigador está relacionando las denuncias de Petro y del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, para determinar si hubo interceptaciones ilegales en Colombia.