Petro pide investigar a constructoras que realicen alzas en viviendas VIS por el aumento del salario minimo

Tras el aumento del salario mínimo de 23,7 %, anunciado por el presidente Gustavo Petro, y la repercusión que esta alza tendría en el precio de la vivienda de interés social, el mandatario pidió que la Superintendencia de Vigilancia investigue a las constructoras que estén incrementando el precio de las viviendas de manera injustificada.

Petro anunció la medida asegurando que las constructoras están comunicando a los compradores que los precios deben subir en la misma proporción que el aumento del salario mínimo, lo cual, el mandatario calificó como una práctica de “estafa delictiva” y solicitó además al Ministerio de Vivienda que suspenda subsidios a las empresas que incurran en esa conducta.

“Solicito a las empresas constructoras dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, esa es una estafa delictiva y le solicito a la superintendencia de vigilancia realizar las investigaciones y sanciones respectivas”, expuso Petro en su cuenta de X.

El Presidente argumenta que el costo laboral es solo una parte del costo total de construcción y que algunos materiales importados han tenido precios a la baja, por lo que no hay una justificación clara para que el precio final de la vivienda se incremente directamente en proporción al aumento salarial.

Cabe destacar que, la subida del salario mínimo tiene efectos directos en algunos segmentos del mercado. En 2026, el precio máximo de las viviendas VIS puede llegar hasta 150 salarios mínimos en las grandes ciudades, lo que equivale a cerca de $262 millones de pesos, y 135 salarios mínimos en otros municipios, es decir $235 millones.

Camacol le responde a Petro

Desde La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se refirieron a lo anunciado por Petro afirmando que no se han definido aumentos automáticos de precios de vivienda por parte de las constructoras. 

Sin embargo, Camacol señala que los topes máximos de precio para vivienda social (VIS) y prioridad (VIP) están establecidos en la ley y en el Plan Nacional de Desarrollo, y que esos topes sí están indexados al salario mínimo para efectos de cálculo legal.

La entidad también destaca que el aumento del salario mínimo fue inesperado y que esto genera incertidumbre en el mercado. Además, han señalado que cualquier modificación profunda al régimen de precios de la vivienda requeriría cambios legales, no solo pedidos presidenciales, dado que la indexación está actualmente establecida por normativa.