Por: Juan Carlos Garcia Sierra • Colombia.com

Propuesta de penas mínimas para capos de Gobierno Petro quiere ver a la Constitución pintada en la pared

La propuesta de penas mínimas para capos de la delincuencia del Gobierno Petro a través de MinJusticia, podría resultar inconstitucional.
 

Actualización
Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, es pieza clave en la política de Paz Total de Gustavo Petro. Foto: Twitter @MinJusticiaCol
Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, es pieza clave en la política de Paz Total de Gustavo Petro. Foto: Twitter @MinJusticiaCol

La propuesta de penas mínimas para capos de la delincuencia del Gobierno Petro a través de MinJusticia, podría resultar inconstitucional.
 

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, junto con el gobierno de Gustavo Petro, se encuentran ajustando el borrador de lo que será la propuesta que hará el 20 de julio al Congreso para conformar una ley que permita que grandes líderes o capos de organizaciones delincuenciales en Colombia puedan ser cobijados por un régimen especial de sometimiento a la justicia, cuyo principal beneficio sería el de penas de menos de 8 años en instalaciones diferentes a los principales centros carcelarios del país. 

Eduardo Montealegre anda feliz con su propuesta

Esta propuesta, pensada y liderada por el exfiscal Eduardo Montealegre y que ha sido recibida con beneplácito por el presidente Gustavo Petro, es uno de los elementos más importantes del programa de ´Paz Total´ del mandatario.

El Gobierno Petro quiere darle pacificación al país negociando con líderes o capos de las organizaciones criminales más influyentes y con mayor poder en la nación, las que en los últimos tres años, justamente el periodo vigente del presidente Gustavo Petro, han obtenido especial poder y un inmenso control territorial haciendo que el país vuelva a experimentar lo que padeció hace unas décadas cuando los campos tenían en los hombres armados a sus dueños y señores.

Molestia e inconformismo en amplios sectores

Las manifestaciones de molestia e inconformismo no solo se producen por parte de los ciudadanos de a pie, también es manifestada por diferentes grupos políticos, no necesariamente contrarios a Gustavo Petro, quienes argumentan que el presidente de la República está equivocado al dar un trato especial a los delincuentes porque es un mensaje claro de que ´ser criminal sí paga´.

El presidente Gustavo Petro fue duramente criticado porque en una intervención en Medellín subió a una tarima junto con reconocidos líderes o capos de bandas delincuenciales, por tal razón, su política de paz total ha sido cuestionada porque, al parecer, premia a los delincuentes.

Más allá del inconformismo de algunos sectores políticos existe preocupación en diferentes entidades como en la Fundación DILO, entidad de control ciudadano, en coordinación con la oficina de Mauricio Pava, ex abogado del presidente Gustavo Petro, Pues las dos agrupaciones realizaron análisis técnicos del proyecto y han identificado riesgos de inconstitucionalidad.

Riesgos de inconstitucionalidad

Los análisis aseguran que de acuerdo con el artículo transitorio 66 de la Constitución Política Nacional, deben tramitarse estos proyectos como ley estatutaria, pero el gobierno nacional pretende hacerlo mediante la ley ordinaria, por lo tanto, podría tratarse de un asunto inconstitucional. 

Otro aspecto tiene que ver con los beneficios que se otorgan por la mera pertenencia colectiva a un grupo sin un juicio individual sobre las conductas cometidas, lo que indica que se está contraviniendo el principio de responsabilidad penal personal y la justicia no puede operar mediante listados, sino con base en hechos y pruebas.

Un tercer aspecto traslada al ejecutivo y a la Fiscalía el poder de definir quiénes reciben beneficios, relegando al juez a un rol puramente decorativo, y con esto se estaría vulnerando el principio de separación de poderes y se pone en riesgo el proceso.

Un cuarto aspecto tiene que ver con las protestas sociales en las que hay imprecisiones y riesgos porque mezcla manifestaciones legítimas con delitos graves y genera incentivos para que estructuras armadas se camuflen como manifestantes para acceder a los beneficios.

Debilitamiento institucional

Como conclusión, el estudio indica que el proyecto del ministro de Justicia Eduardo Montealegre y del gobierno de Gustavo Petro debilita el estado de derecho, pone en riesgo la legitimidad institucional y puede convertirse en un mecanismo de impunidad.

El gobierno presentará el 20 de Julio el proyecto ante el congreso y estará en cada uno de los legisladores la decisión de dar mínimas penas para aquellos autores de enormes muertes, dolor, pobreza, miseria y desplazamiento.