Contraloría prende las alarmas: Nueva EPS concentra millonarias deudas y facturación sin auditar

La Contraloría General de la República prendió las alarmas sobre la Nueva EPS tras detectar una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas: un aumento desmedido de anticipos, facturas sin auditar que se siguen acumulando, más cuentas por pagar, vacíos en la contratación con prestadores y problemas en la constitución de reservas técnicas. Los hallazgos se dieron después de un operativo de policía judicial realizado durante el pasado mes de julio.

El organismo advirtió que el incremento exagerado de anticipos está poniendo en jaque la liquidez de la entidad. En una primera revisión se encontró que, entre 2023 y 2024, los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, un salto del 155 %.

La situación es aún más crítica en 2025: solo en el primer semestre se sumaron $6,6 billones adicionales, alcanzando los $15,27 billones. Según la Contraloría, esto compromete seriamente la estabilidad financiera de la EPS y eleva el riesgo de un detrimento patrimonial, especialmente en los anticipos con más de dos años de atraso, que suman $143.000 millones. A junio de este año, todavía hay $5,7 billones en anticipos de 2024 sin legalizar.

Facturas sin procesar

El panorama con la facturación tampoco es alentador. La Contraloría encontró 22,7 millones de facturas sin procesar por $22,1 billones, de las cuales más de 9 millones están duplicadas. Al descontar las repetidas, quedan $13,2 billones pendientes.

El 97 % de esas obligaciones aún no han sido revisadas por la Nueva EPS. Además, 36 prestadores concentran el 40 % del valor de lo que está represado, es decir, $5,2 billones. La entidad de control cuestionó la falta de tecnología adecuada para garantizar la calidad de los datos y el manejo oportuno de la información, un requisito legal que la Nueva EPS no estaría cumpliendo.

Contratos incompletos

Durante el operativo, la Contraloría también encontró contratos incompletos. En varias carpetas faltaban documentos básicos como copias de acuerdos, anexos y soportes técnicos. A marzo de 2025, las cuentas por pagar ya alcanzaban $21,37 billones, un monto que amenaza la sostenibilidad de la entidad prestadora de salud, que atiende al 22 % de los afiliados de todo el país.

De esa cifra, $10,5 billones corresponden a anticipos pendientes de legalización y $8,7 billones a facturas sin procesar. Para el organismo, este desbalance entre ingresos y egresos podría afectar la prestación de los servicios de salud y agravar la crisis financiera de la entidad. La Contraloría también encontró que la Nueva EPS subestimó las reservas técnicas en $11,1 billones al cierre de 2024, además de inconsistencias en los soportes de autorizaciones y facturas.

En conclusión, el ente de control advirtió que la Nueva EPS enfrenta un deterioro progresivo en lo financiero y lo administrativo. El significativo endeudamiento, los anticipos sin legalizar y el represamiento de la facturación son señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y ponen en riesgo la adecuada prestación de los servicios de salud.