CNE podría poner en jaque la compaña de Petro: un voto definiría una sanción histórica

La tarde de este jueves 13 de noviembre fue convocada la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) para estudiar la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. El documento propone imponer una sanción a la campaña presidencial del hoy mandatario Gustavo Petro, así como a su entonces gerente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y a otros miembros del equipo directivo, por presuntas irregularidades en la financiación y por superar los topes electorales en más de 5.000 millones de pesos durante la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2022.

La audiencia está programada para iniciar a las seis de la tarde, y para que exista una decisión de fondo se requieren al menos seis votos dentro del alto tribunal. El resultado será determinante para establecer si se avala o se rechaza la sanción en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro. Aunque en días anteriores parecía existir una mayoría consolidada de seis votos en contra de la ponencia, fuentes consultadas por distintos medios advierten que el panorama cambió en las últimas horas y que ese respaldo ya no estaría garantizado.

De acuerdo con esas versiones, uno de los magistrados no tendría totalmente definido su voto, lo que reduciría a cinco los apoyos con los que contaría la ponencia, cifra insuficiente para adoptar una decisión definitiva. A esta situación se suma que al magistrado Álvaro Echeverry se le aceptó un impedimento por haber sido abogado del Pacto Histórico, al igual que a la magistrada Alba Lucía Velásquez, lo que modifica el quórum decisorio y obliga a buscar alternativas para CNE.

En caso de que no se alcance la mayoría requerida, el CNE tendría que designar al menos dos conjueces para que intervengan en la resolución del caso. Esto implicaría un aplazamiento de la sala plena, que podría reprogramarse para la próxima semana mientras se integran los nuevos responsables del análisis.

La ponencia de Ortiz y Prada plantea imponer multas millonarias. Entre ellas, una sanción cercana a los 6.000 millones de pesos para Ricardo Roa, así como multas dirigidas a la auditora de la campaña, María Lucy Soto, y a la tesorera, Lucy Aidee Mogollón. De igual manera, se solicita sancionar a los partidos del Pacto Histórico Colombia Humana y Unión Patriótica, cada uno con montos superiores a los 580 millones de pesos.

De confirmarse la decisión, sería la primera vez en la historia del país que una campaña presidencial es sancionada bajo estos términos, por violación de topes e irregularidades de financiación en un proceso electoral.