Radican proyecto de ley para fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Un nuevo proyecto de ley para castigar a reincidentes que cometan delitos con armas de fuego o cortopunzantes fue radicado por el Ministerio del Interior en el Congreso. Este modifica normas del Código de Seguridad y Convivencia, el Código Penal y el Código de Extinción de Dominio. 

El jefe de la cartera, Daniel Palacios, afirmó que la iniciativa busca que los jueces de la República envíen a prisión a quienes previamente hayan sido judicializados por las autoridades y vuelvan a la criminalidad. 

“Este proyecto de ley pretende agravar conductas penales, para lograr, por ejemplo, que el hurto a personas y el porte de armas lleven a una condena efectiva con medida de aseguramiento”, expresó Palacios.

A renglón seguido, insistió en que la iniciativa fortalecerá la seguridad de la ciudadanía y evitará la impunidad y anunció que tendrá mensaje de urgencia del Gobierno para que su trámite se lleve a cabo en este último periodo legislativo en el Senado y la Cámara de Representantes. 

Con respecto a las medidas que se apliquen a personas que atenten contra uniformados o personal de la justicia, Palacios afirmó que se les agravará una pena de ocho a 13 años de prisión. “En caso de homicidio, la condena será hasta 58,3 años de cárcel”, advirtió. 

En cuanto a las personas que cometan daño en la infraestructura institucional, del servicio público y de la justicia, la pena irá de cuatro a 12 años de prisión; mientras que, los alcaldes y gobernadores, deberán avanzar en la construcción de centros penitenciarios y en el mejoramiento de las unidades de detención temporal para evitar hacinamientos. 

Adicionalmente, el proyecto de ley también contempla el tiempo en prisión del condenado de acuerdo al valor del bien que fue hurtado, es decir, si un objeto cuesta menos de cuatro salarios mínimos, la pena estará entre 18 y 36 meses de cárcel. Sin embargo, si el bien robado vale entre los cuatro y los ocho salarios mínimos, el ladrón tendrá una condena mayor. 

Asimismo, quien ejerza violencia, amenaza, coacción o intimidación para obstruir, impedir o dificultar la realización de cualquier función pública, deberá pagar una pena de 36 a 60 meses en centro penitenciario.

“Colombia está pidiendo que no haya impunidad para los bandidos, para quien roba en la calle. En este sentido, lo que buscamos es, entendiendo el clamor de los colombianos y la instrucción del presidente, que con este proyecto de ley podamos fortalecer y reducir la impunidad, que quienes cometen un delito estén en las cárceles”, puntualizó el ministro Palacios.

Finalmente, la iniciativa crea el registro nacional de armas, elementos y dispositivos menos letales a cargo del Ministerio de Defensa, donde se establecerá el permiso del porte de los mismos y, también, establece un sistema de recaudo a nivel nacional de los pagos por concepto de comparendos y medidas correctivas impuestas por los Inspectores de Policía.