Excongresistas demandan al Estado por rebajar sus mesadas pensionales

Una polémica han generado cerca de 50 excongresistas, los cuales demandaron al Estado por rebajar sus pensiones, las cuales reciben una vez terminan sus periodos legislativos. Así las cosas, los exfuncionarios recibían entre 35 y 40 salarios mínimos y ahora reciben 25, lo cual consideran como una vulneración a sus derechos.

Fueron 53 los excongresistas que acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entablando una demanda contra el Estado de Colombia por rebajar significativamente sus megapensiones. La sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional contempla el régimen de pensiones a congresistas, magistrados de altas cortes y otros funcionarios al terminar su tiempo legislativo.

Bajo este mismo documento la Corte Constitucional le puso un alto a la mesada de los exfuncionarios, por lo que reclaman cerca de 80 mil millones de pesos dejados de percibir desde que les pusieron el límite, así como recuperar sus millonarias pensiones. Este dinero tendría que salir del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon.

Además de recuperar sus beneficios, los congresistas buscan que al Estado colombiano se le declare responsable de violar derechos a la seguridad social y a la propiedad, como consecuencia de la rebaja de sus pensionales mensuales.

La CIDH ya admitió la demanda y se encuentra revisando las pretensiones de los excongresistas, los cuales quedarían, según El Tiempo, con pensiones de 30 millones de pesos mensuales si se falla a su favor.

Cabe aclarar que la lista de demandantes no está compuesta solo por exrepresentantes y exsenadores; también hay algunos con sustitución personal, concepto jurídico que significa que el beneficiario de la pensión es la esposa o esposo por muerte del jubilado.

El Tiempo conoció la lista de los demandantes, entre quienes aparecen los excongresistas José Guillermo Anaya López, José Leónidas Gallego Romero, Roberto Liévano Perdomo, José Rafael Cortés Otálora y Eduardo Otoniel Montúfar.

Asimismo, figuran los renombrados excongresistas como el fallecido Edmundo López Gómez, Alberto Rojas Puyo, Heraclio Fernández, ex senador de Boyacá; Dagoberto Emiliani Vergara, Hugo Castro Borja, María del Socorro Bustamante y María Consuelo Durán de Mustafá.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado será la encargada de defender el erario público, ya que previamente la decisión de la Corte había sido apelada, pero, tras no obtener lo esperado, los excongresistas optaron por demandar al Estado.

En 2021 la exmagistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María del Rosario González, interpuso una demanda ante la CIDH, en la que también alegaba que sus derechos fueron violados, pero esta fue negada.

“En virtud de la adopción de una sentencia por parte de la Corte Constitucional que, al haber impuesto un tope máximo a las pensiones más altas del sector público, supuestamente generó una reducción o reliquidación del monto de su mesada pensional, la cual aún no había empezado a recibir al momento de presentar la petición ante la Comisión”, dice el escrito de acusación de la exmagistrada.