Petro defiende legitimidad de la reforma pensional ante crisis por la captura de Calle y Name ¿Una reforma comprada?

En medio de la polémica que ha ocasionado la captura del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y el presidente del Senado, Iván Name, por su relación con el caso de corrupción en la UNGRD, la aprobación de la reforma pensional se ha visto enlodada por este escándalo, ocasionando que se cuestione la legitimidad del proyecto impulsado por el Gobierno Petro.

Al saberse que Name y Calle habrían recibido millonarias coimas, para la aprobación de la reforma, varias figuras políticas han empezado a exigir que la iniciativa sea revocada y puesta en discusión nuevamente.

Ante esta posibilidad, el presidente Gustavo Petro no demoró en salir en defensa de su proyecto, negando las versiones que sugieren que la reforma pensional fue aprobada mediante presuntas irregularidades en el Congreso. Desde China, donde cumple una visita oficial, el jefe de Estado desmintió esas afirmaciones.

“La realidad es lo contrario: Iván Name la engavetó siete meses en el Senado de la República para hundirla, y de los 20 congresistas investigados por corrupción, 16 votaron ‘no’ o se abstuvieron de votarla”, expresó el mandatario.

A través de su cuenta en la red social X, Petro aseguró que los sectores que buscan frenar la implementación de la reforma están recurriendo a estrategias judiciales, luego de constatar que el proyecto cumplió con todos los requisitos legales durante su trámite legislativo.

“Quieren que la Corte Constitucional la tumbe con el argumento de que fue comprada, pues ya se dieron cuenta de que cumple todos los requisitos legales en su debate”, escribió el presidente.

Asimismo, cuestionó el papel de Iván Name, a quien calificó como un “acérrimo enemigo” de la reforma. El presidente Petro advirtió que el uso de estas acusaciones tiene como propósito impedir la implementación de medidas clave, como el bono pensional destinado a más de tres millones de adultos mayores sin pensión, y la garantía de una vejez digna para toda la población.

Y agregó que, la campaña en contra de la reforma busca “mantener el prurito de un sistema financiero insostenible”, que durante décadas ha favorecido a los bancos con ganancias, sin resolver las desigualdades estructurales del sistema.

Cabe mencionar que, está previsto que la reforma pensional entre en vigencia el 1 de julio de 2025, sin embargo, si se comprueba que el trámite legislativo fue alterado por sobornos, la Corte Constitucional podría revisar la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.