Por: Juan Carlos Garcia Sierra • Colombia.com

Eliminación de Trump de nacionalidad por nacimiento tendrá camino difícil

La eliminación de Donald Trump de nacionalidad por nacimiento tendrá camino difícil ante la ley.

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Donald Trump tiene en mente varios planes que no gustan a todos. Foto: EFE
Donald Trump tiene en mente varios planes que no gustan a todos. Foto: EFE

La eliminación de Donald Trump de nacionalidad por nacimiento tendrá camino difícil ante la ley.

La lucha contra la inmigración ilegal de Donald Trump acaba de incluir también otro aspecto que ampara la Constitución en los Estados Unidos y al cual el presidente recién posesionado parece querer pasar por alto.

La nacionalidad por nacimiento le permite a cualquier persona nacida en los Estados Unidos e hija de padres extranjeros indocumentados obtener la naturalización inmediata como estadounidenses, algo que Donald Trump ha atacado y que ha considerado una falla del sistema porque le permite a muchos aprovechar esta condición para obtener beneficios.

Desde que Donald Trump anunció que la nacionalidad por nacimiento sería eliminada, se comenzaron a postular diferentes escenarios en medio de una batalla legal que parece comenzará pronto.

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento apuntando directamente a los inmigrantes indocumentados.

Esta ley modifica la interpretación actual de la enmienda 14 de la Constitución que establece que toda persona nacida un suelo de los Estados Unidos tiene la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La orden que firmó Trump entrará en vigor el próximo 19 de febrero y se aplicaría a nacimientos futuros y no afecta a quienes nacieron antes y Donald Trump quiere que no se otorgue la ciudadanía por nacimiento para aquellos niños, hijos de actuales indocumentados en los Estados Unidos.

Muchos ilegales tienen hijos en suelo estadounidense con el ánimo de ser candidatos a recibir la residencia, mientras que Donald Trump quiere acabar con esto y deportar de manera masiva a quienes no se rijan a las leyes de inmigración.

Ante la firma de esta decisión, 18 estados liderados por California, Colorado, el distrito de Columbia, la ciudad de San Francisco y Nueva York, han presentado demandas legales para bloquear la implementación de esta orden con el argumento de que es totalmente inconstitucional y que el mandatario no tiene autoridad para modificar enmiendas constitucionales a través de una orden ejecutiva.

Esta firma es interpretada por muchos analistas como una manifestación del arbitrario poder que quiere imponer Donald Trump y pasar por alto las instituciones, principalmente la Constitución, sin embargo, él considera que son modificaciones y que su ánimo se centra en proteger al país de amenazas internacionales.

La controversia y especialmente el litigio jurídico apenas comienzan porque se asegura una gran batalla legal para poder tumbar esta firma del presidente republicano que por segunda vez se instala en la oficina oval de la Casa Blanca

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