La Fiscalía llama a declarar a la ex senadora Eleonora Pineda por presuntos vínculos con “paras”

Un fiscal antiterrorismo de Colombia interrogó en Bogotá a los dos primeros políticos sin fuero de un grupo de 21 que a mediados de 2001 firmaron un pacto con la organización paramilitar AUC.

Eleonora Pinera, ex congresista liberal considerada por los comentaristas cercana a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y Luis Carlos Ordosgoitia, conservador que dirigió un instituto oficial, se presentaron a la Fiscalía General seis días después de que fueron citados para una diligencia de indagatoria.

Los dos forman parte del grupo de políticos, entre ellos once legisladores, que hace casi seis años firmaron con el mando de las AUC el llamado Acuerdo de Ralito, en el que todos asumieron el compromiso de "refundar" el país y suscribir un "nuevo contrato social".

El consenso fue hecho público el pasado noviembre y dio lugar a la apertura de varias investigaciones judiciales y disciplinarias, una de ellas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha procesado a nueve congresistas, ocho de ellos ya detenidos.

Por la época del acuerdo, Eleonora Pineda era concejala de Tierralta, localidad del noroeste del país a la que pertenece la aldea de Santa Fe de Ralito, en tanto que Ordosgoitia tenía un escaño en el Congreso.

Pineda fue elegida en 2002 para la Cámara de Representantes (Baja), en la que ejerció hasta 2006, cuando fracasó en su proyecto de reelección.

Por su parte, Ordosgoitia salió del Legislativo en 2006 y, más tarde, fue designado como director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco, adscrito al Ministerio de Transporte), cargo al que renunció el mes pasado tras admitir que había firmado el consenso.

Hace seis días, el fiscal general, Mario Iguarán, anunció que la entidad preparada el llamamiento a indagatoria de los 21 políticos sin fuero especial que suscribieron dicho pacto.

Los 21 "pueden ser autores o partícipes del delito de concierto para delinquir", advirtió entonces Iguarán, quien indicó que, de resultar culpables, las personas procesadas pueden ser castigadas con penas de entre tres y seis años de prisión.

Tras el Acuerdo de Ralito, las AUC se acogieron a un diálogo de paz con el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, que fue abierto en diciembre de 2002 y terminó a mediados del año pasado.

Más de 31.000 paramilitares dejaron las armas en virtud de este proceso, que a finales del año pasado entró en la fase judicial, de investigación y enjuiciamiento de los responsables de delitos atroces.

Con información de EFE

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