Petro denunció allanamiento de su oficina

El senador socialista Gustavo Petro, un destacado opositor del presidente, Álvaro Uribe, denunció en el Congreso que su oficina fue allanada por agentes oficiales que al parecer buscaban documentos relacionados a un debate donde el politico del PDA había hecho contra funcionarios de la Policía, en el 2003.

Petro pidió explicaciones al ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, quien como él asistió a una sesión de la Comisión Primera del Senado.

El ministro calificó el hecho denunciado por Petro como un "atropello" y prometió investigarlo.

El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, declaró que el registro no fue autorizado por su despacho, sino decidido por la funcionaria Claudia Maritza Vega Merchán sin consultarlo.

Gustavo Petro, que fue guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), desarticulado en 1990, protagonizó la semana pasada un debate contra el presidente Uribe, a quien acusó de tener nexos con paramilitares de derecha y narcotraficantes hace diez años, cuando era gobernador del departamento de Antioquia.

El congresista del PDA ha sido uno de los principales denunciantes de los nexos de políticos con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que se conoce en Colombia, como el escándalo de la "parapolítica", que ya ha desembocado en órdenes de captura de catorce parlamentarios afines al gobernante.

El senador Petro también denunció en el Senado que en enero pasado un grupo de pistoleros se reunió con un militar retirado para planear su asesinato.

Añadió que su madre, Clara Urrego, y sus hermanos Adriana y Juan Fernando han sido amenazados de muerte por medio de escritos anónimos y de llamadas telefónicas.

Petro hizo graves denuncias la semana pasada contra Uribe, entre ellas el supuesto asesinato de personas en una hacienda del mandatario, y también apuntó a presuntos vínculos de su hermano, el ganadero Santiago Uribe, con narcotraficantes.

También acusó al jefe de Estado, elegido en el 2002 y reelegido en el 2006, de autorizar a jefes paramilitares el organizar cooperativas de seguridad cuando era gobernador de Antioquia.

Uribe desmintió las acusaciones y recibió el respaldo de sus ministros y consejeros, así como de dirigentes empresariales y partidos políticos y del departamento de Estado de Estados Unidos.

Sin embargo, a causa de las acusaciones de violaciones de los derechos humanos Estados Unidos ha aplazado la entrega de una partida de ayuda militar a Colombia por 55 millones de dólares.

Además, el ex vicepresidente estadounidense Al Gore canceló su asistencia a un foro ecológico celebrado el pasado viernes en Miami, al saber que iba a coincidir allí con el presidente colombiano.

"Jamás he tenido un vínculo con el paramilitarismo. Se ha maltratado mi honra política", recalcó el gobernante colombiano la semana pasada e insistió en que fue precisamente su gobierno el que empezó a desarticular los grupos paramilitares.

La administración de Uribe celebró conversaciones de paz con las AUC entre el 2003 y el 2006 y esta organización, acusada de múltiples crímenes de lesa humanidad, desmovilizó a más de 31.000 combatientes.

Con información de EFE

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