La ANLA afirma que sobrepasos del embalse de Urrá ocurrieron tras decisiones operativas

La decisión de la ANLA de abrir un procedimiento sancionatorio contra el embalse de Urrá volvió a poner bajo la lupa el manejo de las represas en Colombia y, sobre todo, su impacto directo en las comunidades, pues la autoridad ambiental sostiene que la hidroeléctrica superó de manera sistemática los niveles máximos permitidos del embalse y que esa práctica terminó agravando las inundaciones que hoy golpean con fuerza a varios municipios de Córdoba.

Según los informes técnicos conocidos, el problema no es reciente, pues la ANLA evidenció que desde 2020 y hasta lo corrido de 2026 el embalse de Urrá registró sobrepasos recurrentes de la llamada Curva Guía Máxima (CGM), el parámetro que define el nivel máximo de agua que puede almacenar la represa para garantizar un volumen vacío ante crecientes súbitas.

Durante los monitoreos realizados en 2024, por ejemplo, la autoridad ambiental detectó que cerca del 20% de las mediciones incumplieron el tope establecido. En algunos momentos, el volumen del embalse superó los 1.500 millones de metros cúbicos, cuando el límite recomendado rondaba los 1.400 millones. Esa misma tendencia se repitió en 2025 y se prolongó hasta 2026, cuando el nivel de saturación llegó a acercarse a los 1.800 millones de metros cúbicos, obligando a realizar descargas aguas abajo.

Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con la naturaleza de esos sobrepasos. Para la ANLA, no se trató de situaciones excepcionales o de emergencias inevitables, sino de decisiones operativas sostenidas en el tiempo. 

Este panorama llevó a la emisión de seis conceptos técnicos dirigidos a la empresa Urrá, en los que se advertía sobre inconsistencias en la operación del embalse y se solicitaban ajustes concretos. Sin embargo, ante la repetición de los incumplimientos, la ANLA decidió avanzar con el proceso sancionatorio ambiental, buscando que los instrumentos de control no se queden en el papel.

Las conclusiones de la autoridad coincidieron con los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ordenó investigar a Urrá tras afirmar que las inundaciones en el Caribe, más exactamente en el departamento de Córdoba, estaban relacionadas con represas llenas antes de la temporada de lluvias.

A esto se suma la visita de la entidad a las zonas afectadas, donde se constató que cientos de familias no fueron alertadas a tiempo y hoy sobreviven en albergues con condiciones precarias. Mientras tanto, la ANLA mantiene en alerta roja a seis embalses del país y exige a sus operadores activar, sin dilaciones, medidas integrales para evitar que tragedias como las de Córdoba se repitan.