Ministerio del Interior denuncia ante la Fiscalía a grupos armados por usar a civiles como escudos humanos

El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón Olave, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra varios Grupos Armados Organizados (GAOS) por presuntas violaciones al derecho internacional humanitario y otros delitos graves.

Según el funcionario público, estos grupos habrían usado a la población civil como escudo para atacar a la fuerza pública y frenar sus operaciones en distintas regiones del país. La denuncia señala directamente al GAOR Hernando González Acosta, un grupo residual de las antiguas Farc que opera en el Huila. De acuerdo con el documento, este grupo obligó a habitantes de La Plata a patrullar y enfrentarse a unidades militares a inicios de agosto de 2025.

El escrito respalda su acusación en normas internacionales, como el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, que prohíbe usar civiles para proteger objetivos militares, y el Estatuto de Roma, que considera un crimen de guerra utilizar personas protegidas para cubrir operaciones militares.

Durante el anuncio, Rondón explicó que el objetivo es abrir un proceso formal contra los responsables y evitar que estas prácticas se repitan. Además, pidió a la Fiscalía actuar rápido: “Necesitamos que la Fiscalía investigue pronto y evitemos que estos grupos sigan amenazando y usando a la gente para sacar a la fuerza pública de sus territorios”.

Aunque la denuncia se centra en lo ocurrido en La Plata, Huila, el Ministerio del Interior solicitó indagar hechos similares en otras zonas del país donde operan estos grupos. Rondón mencionó reportes en Putumayo y Cauca, lo que podría mostrar un patrón de comportamiento “Hay reportes en Putumayo y en Cauca. Pedimos que se investigue porque esta es una práctica que estos grupos usan para frenar el avance del Ejército. Ya no son revolucionarios; lo que buscan es someter a la población”, afirmó.

El viceministro también recordó la reciente sentencia de la JEP contra exintegrantes de las Farc y aclaró que los actuales grupos armados no se acogieron al proceso de paz de 2016, por lo que siguen cometiendo delitos. “Después de los acuerdos de paz de 2016, estos grupos dejaron de tener motivaciones políticas. No quisieron desmovilizarse y hoy están cometiendo crímenes de guerra”, aseguró.

En el documento, el Ministerio del Interior pidió proteger a las víctimas y escucharlas rápidamente, además de individualizar y judicializar a los responsables para reducir el miedo en las comunidades afectadas.

Rondón explicó que la denuncia se radicó con retraso debido al temor en la región y a la necesidad de garantizar seguridad para los denunciantes. Recordó que durante estos incidentes fueron retenidos 31 integrantes de la fuerza pública, lo que aumentó la tensión en la zona. “El miedo era grande, pero con la presencia del Gobierno no solo militar, sino también con inversión social hemos logrado recuperar algo de confianza para que la gente se atreva a denunciar”, concluyó.