Política

Por: Juan Carlos García Sierra • Colombia.com

Gustavo Petro considera un golpe de estado en Medellín la suspensión de Daniel Quintero

El candidato presidencial recordó que cuando fue alcalde la Procuraduría lo destituyó violando un artículo de la Convención Americana y que lo ocurrido con Daniel Quintero es un golpe de estado en la capital antioqueña.

Gustavo Petro recibió el apoyo de algunas de las granes glorias del deporte nacional como María Isabel Urrutia. Foto: Twitter @petrogustavo
Gustavo Petro recibió el apoyo de algunas de las granes glorias del deporte nacional como María Isabel Urrutia. Foto: Twitter @petrogustavo

El candidato presidencial recordó que cuando fue alcalde la Procuraduría lo destituyó violando un artículo de la Convención Americana y que lo ocurrido con Daniel Quintero es un golpe de estado en la capital antioqueña.

La suspensión de la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha generado diversas reacciones, y el candidato presidencial Gustavo Petro se manifestó frente a la decisión del organismo que regenta Margarita Cabello.

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico considera la medida en contra de Daniel Quintero como un “golpe de estado en la ciudad de Medellín”.

“Golpe de estado en Medellín, le pido a toda la ciudadanía y a la @CIDH defender el voto popular. La procuraduría no puede evadir el mandato popular”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de twitter.

Gustavo Petro considera que destitución de Daniel Quintero es un golpe de estado. Foto: Twitter @petrogustavo

El exalcalde de Bogotá recordó que cuando estuvo al frente del gobierno de la capital de la República "un procurador fascista" lo destituyó, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que un órgano administrativo no suspende los efectos del voto ciudadano.

“Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la @CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora buscando ayudar al candidato presidencial de Duque ha roto la Convención Americana”, manifestó Petro en twitter.

La respuesta de Gustavo Petro se produjo apenas la procuradora Margarita Cabello anunció las medidas en contra de Daniel Quintero y también contra otros 3 funcionarios nacionales: Andrés Fabián Hurtado Barrera, al concejal del municipio de Calarcá en el departamento de Quindío, Gustavo Adolfo Herrera Zapata, y al personero de Nátaga en Huila, Grenfell Lozano Guerrero.

En su mensaje la procuradora Cabello indicó que los servidores públicos deben tener en cuenta que participar en política no significa solo votar por un candidato, sino que “contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda electoral”.

El Centro Democrático, partido de Gobierno, también se manifestó sobre la destitución del alcalde Quinetro explicando su presunta participación en política apoyando al Pacto Histórico.

La reacción del candidato Gustavo Petro era esperada debido a la cercanía del alcalde Quintero con su aspiración política, varios elementos de la administración del alcalde de la capital antioqueña han renunciado a sus cargos para hacer parte de la campaña del nacido en Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba.

Otro elemento del Pacto Histórico, la recién elegida senadora de la República y actual Representante a la Cámara, María José Pizarro, coincidió con Gustavo Petro y anunció en su cuenta de twitter que lo sucedido con el alcalde Daniel Quintero Calle es un golpe de estado en Medellín.

La Procuraduría General de la Nación en cabeza de Alejandro Ordoñez destituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos, pero una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del político de izquierda y declaró responsable al Estado colombiano por violar sus derechos políticos.

El tribunal consideró que la Procuraduría colombiana no tenía la facultad de suspender o destituir a funcionarios elegidos por voto popular, violando así el artículo 23 de la Convención Americana.

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