Gobernador de Florida propone pena de muerte para indocumentados criminales

Ron DeSantis es el gobernador de Florida y uno de los republicanos que mayor admiración ha manifestado hacia el mandatario Donald Trump.

Ficha fuerte y leal a Donald Trump

Este ex marine, a la llegada de Donald Trump se perfilaba como una de las fichas fuertes para la lucha contra la inmigración en un estado en donde poco más de la mitad de la población es de origen hispano.

En un estado en donde más de la mitad de la población es de origen hispano, DeSantis es claro y quiere que en la Florida se implanten los planes de Donald Trump al pie de la letra y a la perfección, por esa razón ha sostenido diferentes roces con la bancada de su propio partido en los órganos legislativos del estado.

Con una enorme población cubana, colombiana, venezolana, nicaragüense y haitiana en su mayoría, el ´Parole humanitario´ y su extensión determinarán si las deportaciones masivas que ha prometido Donald Trump tendrán un importante número en este estado.

Donald Trump acaba de proponer un proyecto de ley en donde se contemplan reformas radicales que afectarían a los inmigrantes indocumentados, el gobernador quiere considerar delito ingresar al estado sin la debida inspección de migración, lo que podría suscitar penas de prisión con sentencias mínimas de 9 meses para aquellos primeros infractores, mientras que los reincidentes podrían recibir un año.

La propuesta más polémica es la imposición de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves como asesinatos y abuso de menores, un asunto que ha levantando la polémica en los Estados Unidos al considerarse esto como extremo y brutal.

La primera autoridad de la Florida también apoya la idea de sanciones económicas para las autoridades locales que no colaboren con las políticas migratorias federales que quiere hacer respetar el mandatario Donald Trump, pero necesita contar con el apoyo en cada estado para que sea una realidad nacional.

En medio de la polémica, estará por decidirse si estos planes tienen éxito porque deben ser aprobados por los legisladores, y, en el caso de la pena de muerte, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia considera inconstitucional que se promueva de forma obligatoria.