Hospitales de Florida están obligados a verificar y notificar el estatus migratorio de pacientes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó su firma a la nueva reforma migratoria, considerada como la más estricta actualmente de todo el país. Con esta ley, los migrantes ilegales comenzarán a sufrir una persecución todavía mayor, lo que implica tener limitaciones al acceso de empleo y servicios públicos, entre otras medidas, las cuales quedaron registradas en la polémica ley 1718.

Con esta nueva ley, el gobernador de Florida confirmó que se realizará una inversión de más de 11 millones de dólares, con el fin de crear un mecanismo para trasladar a inmigrantes indocumentados a otros lugares de Estados Unidos. Esta medida ya había sido ejecutada por DeSantis, recordando que hace algunos años, el político de ultraderecha envió a cientos de migrantes en autobuses a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Martha's Vineyard, en Massachusetts. Al momento de realizar este acto, el gobernador comentó que el estado de Florida no es santuario para los migrantes ilegales.

Otra de las polémicas medidas que se tomarían con esta nueva ley, es que todos los hospitales que reciben el seguro de salud público (Medicaid), se verán obligados a preguntar por el estatus migratorio de todos sus pacientes antes de ofrecer sus servicios médicos. El senador Blaise Ingoglia, comentó que la idea de este cambio es conocer la cantidad de dinero que gasta cada hospital en dar servicio a inmigrantes indocumentados.

A pesar de que el Gobierno del estado de Florida aseguró que no va a negar los servicios de salud a los indocumentados, esta nueva ley genera miedo en toda esta población. A partir de la toma de sus documentos, estas personas tomarían la determinación de dejar de asistir a estos entes de salud, aspecto que aumentaría la tasa de mortalidad en este estado.

Por último, esta nueva ley obligará a las empresas de más de 25 empleados a verificar el estatus migratorio de cada trabajador. En caso de no hacerlo, se enfrentarán a multas de más de 1.000 dólares. Asimismo, los trabajadores que presenten documentación falsa se enfrentarán a un delito mayor, el cual podría suponer una multa de 5.000 dólares y cinco años de prisión.