Defensores de derechos de migrantes en la mira de las amenazas

Defender a la población migrante no es una misión sencilla, en especial cuando existen amenazas de muerte sobre cada uno de ellos, además de la estigmatización, la xenofobia y la falta de recursos, una problemática que se ve reflejada en toda Latinoamérica y el Caribe, afectando a más de 23 millones de personas y teniendo gran incidencia en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, especialmente.

Más de 100 organizaciones sociales encargadas de vigilar y proteger los derechos humanos de los migrantes, refugiados y desplazados de América Latina y el Caribe tienen en riesgo su accionar debido a diferentes amenazas y problemas, así lo informó la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento CODHS en el marco de la campaña regional “Conecta por los Derechos”.

Conecta por los Derechos es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, y tiene como objetivo visibilizar y reconocer el rol crucial de las personas defensoras de derechos humanos de los migrantes y refugiados en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Para los trabajadores en pro de los de los Derechos Humanos de los migrantes y desplazados, América Latina es la región del mundo más peligrosa para hacerlo, esto se debe al aumento sostenido de los flujos de personas obligadas a migrar y las razones de esto se deben a conflictos internos, violencia, crisis económica, inestabilidad política, persecución y también a la emergencia climática.

23 millones de personas son refugiadas y desplazadas en la región, así lo considera ACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados.

En vista de esta gran problemática, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos atienden necesidades de acompañamiento, orientación y protección para enfrentar y superar las situaciones de discriminación, indiferencia y vulneraciones durante el desplazamiento, y en su búsqueda de protección, sin embargo, esta tarea cuenta con amenazas y grandes riesgos.

En Colombia y otros países, la labor de Los defensores de los derechos de las personas en movilidad humana forzada es fundamental para su atención, de acuerdo con el Sistema de Información sobre el Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, entre el primero y el 31 de septiembre de 2024 se registraron 96 eventos de desplazamientos afectando al menos a 38.841 personas y 75 casos de confinamiento impactando más de 167.000 personas.

“La situación actual de las personas defensoras de los derechos humanos de la población migrante y refugiada en el continente es preocupante, muchas zonas estigmatizadas amenazadas y cada vez hay menos recursos de apoyo a su trabajo, sin ellas, los problemas que se viven en materia de migraciones y refugios serían aún más graves de lo que ya son, por tanto, es un momento crucial para que los estados y la cooperación internacional valoren y apoyen su trabajo aprovechando el diálogo político que se ha dado en torno al plan de acción de Chile 2024-2034 y la revisión Regional del pacto mundial de migraciones promovida por agencias de la ONU”, así lo explicó Marco Romero Silva director de CODHES.