Escándalo en la Fiscalía: denuncian venta de expedientes secretos por hasta 200 millones de pesos

Un nuevo escándalo sacude a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo y pone en evidencia la profundidad de la corrupción en el sistema judicial de Colombia. Según denuncias conocidas por la revista Semana en los últimos días, existiría un cartel interno dedicado a traficar con expedientes reservados de alto impacto, cobrando hasta 200 millones de pesos por entregar información privilegiada.

Las revelaciones señalan que en la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía se estarían filtrando documentos claves de procesos contra narcotraficantes y políticos. Estos expedientes, que deberían permanecer bajo reserva, estarían siendo entregados en memorias USB a cambio de millonarias sumas de dinero.

Uno de los casos más graves tiene que ver con el expediente de Manuel Castañeda, conocido como el “narcochofer”. La denuncia asegura que la información de esa investigación, que solo debía reposar en manos de fiscales e investigadores, terminó circulando entre los propios narcotraficantes. Otro proceso en venta incluiría a un contratista vinculado al caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

“Un abogado se acerca y me dice: ‘Doctor, yo sé que usted va a solicitar la captura de mi cliente. Aquí se lo presento para que lo escuche en interrogatorio. Yo sé que usted pidió una búsqueda en bases de datos, que tiene pensado hacer inspecciones’. Es ahí cuando empezamos a preocuparnos porque se estaba filtrando la información”, relató un fiscal que conoció de cerca las irregularidades al medio citado.

¿Cómo se habría filtrado la información?

El sistema que habría permitido estas filtraciones es el Modelo Único de Investigación Financiera (Muif), implementado por la fiscal Camargo para fortalecer procesos por lavado de activos. Esta estrategia exige cargar documentos escaneados en una carpeta compartida, lo que, según funcionarios consultados, facilitó el acceso indebido y la posterior venta de información sensible.

Las denuncias van más allá: en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén reposa un reporte en el que se advierte que afectados por investigaciones pagaron hasta 200 de 500 millones de pesos exigidos por funcionarios corruptos de la Fiscalía. Entre los expedientes ofrecidos estarían procesos contra una tienda de ropa de bajo costo en Barranquilla y un reconocido restaurante mexicano.

La gravedad del caso recuerda el escándalo del “cartel de la toga”, en el que magistrados y fiscales fueron señalados de cobrar sobornos a cambio de decisiones judiciales. Ahora, la venta de expedientes revive las sombras de una justicia infiltrada y golpeada por la corrupción en Colombia.

Aunque la Fiscalía de Colombia niega conocer filtraciones dentro del Muif, fiscales de la propia entidad insisten en que las denuncias ya habían sido puestas en conocimiento de las directivas y que, pese a las advertencias, nada se hizo para frenar esta corrupción.