EPS Sanitas se va con toda y anuncia pleito internacional contra el Estado por intervención

La EPS Sanitas fue intervenida y ahora tomaron medidas para demandar al Estado por una posible violación de tratados internacionales para proteger la inversión extranjera, la notificación llegó por la intención de una demanda de las empresas españolas Centauro Capital y Natanor XXI contra el Estado colombiano.

Centauro y Natanor poseen, el 61% y el 39% de la participación accionaria del Grupo Keralty, respectivamente, del que justamente hacen parte 17 empresas, incluida la EPS Sanitas, la cual fue intervenida por orden del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. 

Según Leal, esta intervención se implementó como una medida preventiva ante un posible "colapso financiero" provocado por movimientos económicos sospechosos, que podrían terminar afectando los derechos de los 5,7 millones de usuarios. La decisión se tomó al considerar que Sanitas no cumplía con los requisitos financieros habilitantes.

Según un documento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conocido por EL TIEMPO, notificaron que hubo "expropiación indirecta y violación del estándar del TJE (Tribunal de Justicia Español) al intervenir a la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, lo que obstaculizó su gestión, mantenimiento, uso y disfrute de sus inversiones mediante medidas arbitrarias o discriminatorias”.

Las empresas ahora tendrán hasta el 8 de diciembre para determinar si finalmente presentan una demanda contra el Estado colombiano, de acuerdo con las normas de este tipo de litigios arbitrales de inversión. Aunque el caso se encuentra en la etapa prearbitral y por eso no se conocen los detalles específicos de la demanda.

El exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta, experto en litigios orbitales e internacionales, explicó para el mismo medio que la notificación de la intención de demandar por parte del dueño de Sanitas "es perfectamente normal. Es un requisito que hay que cumplir para poder presentar la demanda, pues uno de los objetivos es ver si se puede arreglar la disputa”. 

También mencionó que la alegación sobre la expropiación "es el fundamento del 80% de las demandas que se presentan contra Colombia. Las omisiones contrarias a derecho pueden ser la fuente de ese tipo de demandas. La jurisprudencia ha considerado que se pueden entender actitudes expropiatorias y ha habido otros fallos sobre la materia contra otros países”.