Presidencia prende las alarmas por agresiones a manifestantes y pide veeduría externa

En medio de las manifestaciones del Congreso de los Pueblos en las diferentes ciudades del país, la Presidencia de la República reiteró su compromiso con la protección de la protesta social. Además, solicitó la Veeduría de organismos internacionales para evitar hechos como los ocurridos en Medellín el pasado 7 de octubre, durante las movilizaciones pro Palestina, cuando manifestantes fueron agredidos por civiles.

“El Gobierno eleva una solicitud de visita del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en relación con la presencia de los llamados ‘grupos de choque’, integrados por personas vestidas de civil que han ejercido violencia contra manifestantes”, señala el comunicado firmado por la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Aunque el pronunciamiento no lo menciona directamente, esos grupos que, según denuncias, estarían conformados por funcionarios de la Alcaldía de Medellín protagonizaron enfrentamientos con manifestantes. En su momento, el presidente Gustavo Petro calificó esos hechos como “vandalismo contra el ser humano” y cuestionó la actuación de dichos funcionarios: “¿Qué norma legal tiene este funcionario para golpear a jóvenes de Medellín?”.

En el comunicado sobre las movilizaciones del Congreso de los Pueblos Indígenas, la Presidencia de la República reconoció que “existen causas y condiciones estructurales en el territorio colombiano que explican el uso legítimo de la protesta social”. Además, aseguró que el Gobierno “se compromete a garantizar los derechos de las personas y de los movimientos sociales que participan en las manifestaciones”.

Desde la Presidencia también se ordenó a la Policía Nacional “proteger los derechos constitucionales tanto de quienes marchan como de las comunidades en las que se desarrollan las protestas”. A los manifestantes, por su parte, les pidió “flexibilizar sus acciones para no afectar el tránsito de bienes indispensables para la población”, ante hechos como la toma de estaciones de Transmilenio en Bogotá y el ingreso a sedes de entidades como el DANE.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció a comienzos de semana: “No quiero ser fuerte, pero me toca serlo, porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá mientras se están tomando los edificios de las instituciones del Estado. ¿Cómo van a decir que no les prestamos atención si apenas llevan unas horas del día martes y ya están ocupando las instituciones?”.

Ante esas declaraciones, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, respondió que las palabras del ministro “descienden de la voluntad del Gobierno de cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevención de la violencia contra líderes sociales”.