Más casas no significa mejor vida para los desplazados en Colombia

Las políticas de reparación para garantizar el acceso a vivienda propia y digna a las víctimas de desplazamiento forzado han desconocido las tradiciones económicas, culturales y vivenciales de estas familias, lo que propiciaría un mayor deterioro de su proyecto de vida.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó Christian David Díaz Bulla, magíster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien a través de su investigación propone identificar la relación de hábitat que establece la población desplazada reubicada en la provincia de Magdalena Centro (Cundinamarca), como una variable a tener en cuenta a la hora de generar políticas públicas que permitan una inclusión social integral.

“En el momento del desplazamiento el núcleo familiar se divide y cada persona emigra hacia distintos lugares dejando atrás su cultura, tradiciones, formación y conocimiento, para enfrentarse a realidades totalmente diferentes”, advierte el investigador, quien agrega que la mayoría de estas personas viene de un contexto rural y pasan a uno urbano en el que se pone a prueba su resiliencia.

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Lejos del hogar

Estas situaciones se hicieron evidentes en 10 familias beneficiarias de los programas de vivienda que formaron parte del estudio y a quienes se les aplicó la encuesta de Estrategia de Caracterización formulada por la Unidad para la Atención a las Víctimas del Conflicto Armado a través de la Red Nacional de Información.

Cada dos años todas las entidades territoriales desarrollan la herramienta con el fin de caracterizar a la población víctima del conflicto armado residente en la provincia del Magdalena Centro, del departamento de Cundinamarca, que comprende los municipios de Beltrán, Bituima, Chaguaní, Guayabal de Síquima, Pulí, San Juan de Rioseco y Vianí.

Como un mecanismo para medir el goce efectivo de derechos de las víctimas, la encuesta evalúa aspectos como ubicación, datos básicos, identificación, vivienda, datos de hogar, retornos y reubicaciones, reunificación familiar, educación, alimentación, fuerza de trabajo, satisfacción, salud, rehabilitación, ayuda humanitaria y medidas de protección.

Los miembros de dichas familias manifestaron que aunque las viviendas cumplen con las leyes de infraestructura mínimas para poder usarlas, desconocen la articulación entre las instituciones y los usuarios finales en la formulación e implementación de políticas públicas, pues se trata de soluciones que ignoran factores como modos de producción, cultura, raza, edad, individualidad y particularidades propias de esta población tan diversa.

“Somos campesinos desplazados y nuestras familias son medianamente abundantes –entre 4 y 6 integrantes–, pero nos entregan soluciones de vivienda de 42 m2, entonces quedamos hacinados”, fue la declaración de una madre de familia de 31 años, con cinco hijos, desplazada de Honda (Tolima), quien formó parte del estudio.

“No todo es malo, pero en vez de ser una medida que cobije en un momento la crisis de vivienda y habitacional, también pasa a ser un gasto adicional y un problema a largo plazo”, asegura el investigador respecto a gastos como los servicios públicos, la administración y el transporte que las víctimas se ven obligadas a suplir al ser reubicadas en centros urbanos y que en su entorno regular no eran necesarios.

El déficit cuantitativo es otro de los factores resaltados por el estudio. En la región solo 26 hogares, es decir, 137 víctimas de desplazamiento forzado fueron beneficiadas con asignación de vivienda, en el componente de reparación integral contemplado en la Ley 1448 de 2011, lo que equivale al 4,4 % de las 3.092 víctimas de desplazamiento forzado que hay en total en la provincia.

Municipios como Beltrán, Vianí y Bituima nunca han recibo estos beneficios. En cuanto a Chaguaní, en 2017 le fue asignado un proyecto de 52 viviendas en altura –cuatro apartamentos por torre– con el cual se espera beneficiar a 16 hogares desplazados por la violencia, pero que hasta el momento no ha iniciado.

Restituir tierras, mejor alternativa

El investigador propone la restitución de tierras como la mejor alternativa de reparación a las víctimas. “En este caso, las personas sí se devuelven a su entorno. Cuando aplicábamos las encuestas de caracterización nos dábamos cuenta de que efectivamente las personas que tuvieron el proceso de retorno son personas que sí se sienten satisfechas, mientras que las que fueron reubicadas en proyectos de vivienda tenían más peros que agradecimientos con el programa”, sostiene.

Al respecto, advierte que actualmente el Gobierno trabaja en ese tema por medio de un ambicioso plan de restitución que ha recibido más de 26.600 reclamaciones para devolver gran parte de sus tierras a quienes huyeron, incluso aunque no tengan un título formal.