Sentencia contra Álvaro Uribe Vélez: jurista Eduardo Botero advierte graves fallos jurídicos
Experto jurista en derecho analizó las 1.114 páginas del fallo que condena al expresidente Álvaro Uribe.

Experto jurista en derecho analizó las 1.114 páginas del fallo que condena al expresidente Álvaro Uribe.
Tras la reciente sentencia emitida contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el pasado viernes 1 de agosto, las reacciones continúan. Entre ellas destaca la del jurista colombiano Martin Eduardo Botero, quien compartió un extenso análisis tras leer por completo las 1.114 páginas del documento judicial. Su lectura, lejos de limitarse a una revisión técnica, apunta a cuestionamientos serios sobre el enfoque y el contenido del fallo.
Uribe compartió en su cuenta de X el análisis del profesor Botero, destacando su carácter académico, independiente y riguroso. El mensaje fue acompañado por el enlace original publicado por el jurista:
Leí las 1114 páginas de la sentencia contra Álvaro Uribe: mis conclusiones como jurista
— Martin Eduardo Botero (@boteroitaly) August 3, 2025
He terminado de leer las 1114 páginas de la sentencia que condena a Álvaro Uribe Vélez. No es una lectura ligera: es un documento cargado de historia, política, derecho y, sobre todo, de… pic.twitter.com/MIdxCLbHSn
Un fallo cuestionado por su carga política
De acuerdo con Botero, el fallo que condena al exmandatario no solo construye un relato de culpabilidad, sino que también se apoya en un lenguaje altamente moralizante y politizado. En su cuenta de X, el jurista expone sus principales conclusiones, señalando que la sentencia utiliza recursos retóricos que comprometen la imparcialidad que debe caracterizar a la justicia.
En Colombia.com hicimos un resumen con los principales argumentos de las cinco conclusiones que se exponen en el análisis:
Primera conclusión: Tono moralizante y politizado.
El fallo emplea un lenguaje cargado de simbolismo y frases como “manchar el tapiz blanco de la justicia”, lo cual, según Botero, desdibuja la objetividad judicial y transforma la sentencia en una pieza de contenido ejemplarizante con una narrativa dirigida a la opinión pública.
Segunda conclusión: incoherencias dogmáticas y procesales.
Aunque se reconoce el derecho a prisión domiciliaria, el fallo impone la detención inmediata, argumentando motivos sociales. Esto contradice principios del derecho penal como la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la detención anticipada.
Tercera conclusión: vulneraciones al debido proceso y estándares convencionales.
Botero señala que se vulneran artículos clave de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al privilegiar un enfoque simbólico sobre el análisis jurídico estricto, afectando derechos como la libertad personal y los derechos políticos.
Cuarta conclusión: inestabilidad en la imputación y excesiva severidad punitiva.
La sentencia no define con claridad el rol penal de Uribe, mezclando conceptos de determinador y coautor. Esto lleva a duplicaciones en las agravantes y una posible doble valoración de los hechos, lo cual vulnera el principio de proporcionalidad penal.
Quinta conclusión: Politización del proceso judicial.
El jurista advierte que el juicio se convierte en un instrumento de escarmiento político, comprometiendo la neutralidad judicial. Esta situación, de no ser corregida, podría activar la responsabilidad internacional del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mi reflexión final
— Martin Eduardo Botero (@boteroitaly) August 3, 2025
Después de leer las 1114 páginas, mi sensación es que la sentencia quiso ser un monumento, pero terminó siendo una advertencia peligrosa:
La justicia no puede convertirse en un instrumento político,
Ni puede apoyarse en dogmáticas importadas para debilitar…
Botero concluye su análisis afirmando que la sentencia convierte el juicio en un acto de escarmiento político, lo cual pone en entredicho la neutralidad del sistema judicial. En sus palabras finales, recuerda que, como bien lo expresa el filósofo y político estadounidense, John Rawls, “la justicia es un compromiso compartido que no puede sostenerse si el Estado mismo vulnera sus propias reglas”.