JEP condena a doce exmilitares del Batallón La Popa, por falsos positivos en Cesar y La Guajira

Durante la audiencia que se desarrolló este 18 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció su segunda sentencia restaurativa contra responsables de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado colombiano. Doce exmilitares del Batallón de Infantería La Popa, en Valledupar (Cesar), fueron sentenciados con penas de hasta ocho años por su participación en 127 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos.

Entre los sancionados están Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Élkin Leonardo Burgos Suárez, Élkin Rojas, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra. De los 15 militares imputados inicialmente, tres no aceptaron los cargos.

Esta decisión hace parte del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate. Hasta ahora, la JEP ha reconocido 4.222 víctimas de falsos positivos en todo el país, y 22 exuniformados han admitido su responsabilidad.

Las pruebas y testimonios recopilados permitieron establecer que, entre enero de 2002 y julio de 2005, paramilitares y militares de La Popa asesinaron a 127 civiles para inflar cifras de guerrilleros muertos. La mayoría de las víctimas eran indígenas de las comunidades de wiwa y kankuamo. Además, se confirmó que en los departamentos de Cesar y La Guajira hubo colaboración ilegal entre fuerzas estatales y grupos paramilitares: los paramilitares identificaban a las víctimas y las entregaban a los militares para hacerlas pasar como combatientes caídos.

Durante la lectura del fallo, el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli resaltó la relevancia de este caso por el carácter étnico de las víctimas: “No podemos caer en el negacionismo histórico, estos crímenes sí ocurrieron”, afirmó Ramelli también subrayó que las confesiones fueron voluntarias y que tres exmilitares optaron por ir a juicio en lugar de aceptar los cargos. “Ningún compareciente ha sido obligado a declararse culpable”, afirmó, y señalo: “Hemos desenterrado la verdad de los cementerios de Colombia”.

El magistrado concluyó dirigiéndose a las víctimas del subcaso Costa Caribe, quienes han reclamado que la verdad y la reparación aún no son suficientes: “Esta sentencia no borra su dolor, pero busca enfrentar el discurso de odio y negacionismo. Confiamos en que el proceso judicial traiga algo de alivio. Reconocemos y dignificamos a las víctimas”.

En cuanto a las sanciones, cada exmilitar cumplirá penas restaurativas distintas según su rol en la participación de los crímenes. Guillermo Gutiérrez Riveros, hallado responsable de desaparición forzada, asesinato, tortura, persecución y homicidio en persona protegida, recibió la sanción más alta: ocho años. Heber Hernán Gómez Naranjo fue sancionado con seis años por desaparición forzada, asesinato y homicidio en persona protegida.