Nueva cárcel en Medellín tendrá capacidad para 1.339 reclusos y estará lista en 2027

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció en las últimas horas el inicio de la primera fase de construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados en el corregimiento de San Cristóbal. La Corte Suprema de Justicia había notificado a la Alcaldía de Medellín la obligación de construir un centro de reclusión para sindicados. Según las autoridades, este megaproyecto comenzó a estructurarse en 2017, actualmente presenta un avance del 3 % y se proyecta que esté listo para 2027.

El proyecto contará con una inversión inicial de 675.000 millones de pesos y tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad. Su objetivo principal es aliviar el hacinamiento en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la capital antioqueña. La fase de construcción inició tras la firma del acta de inicio en abril de 2025.

El alcalde Gutiérrez destacó la importancia de la obra y afirmó: “Esta es una cárcel con las mejores especificaciones, porque es el primer centro penitenciario definido bajo el modelo de alianza público-privada (APP) en el país. Además, tendrá las mejores condiciones: la construcción estará a cargo de privados, quienes también lo administrarán, pero garantizando calidad en el servicio, seguridad y el funcionamiento de inhibidores de señal. No es para que los sindicados sigan delinquiendo o extorsionando desde las cárceles, como ocurre en otros centros de reclusión”.

El nuevo centro penitenciario contará con tecnología que bloqueará las señales telefónicas para evitar actividades delictivas desde su interior. También dispondrá de espacios para educación, salud, talleres productivos, resocialización, bibliotecas y centros de aprendizaje.

El inicio de esta megacárcel se logró tras años de controversias y revisiones. La administración anterior había firmado el acta de inicio el 19 de diciembre de 2023, pocos días antes de finalizar su mandato, lo que generó críticas y sospechas de presunta ilegalidad.

De acuerdo con informes, el entonces director de la Agencia APP, Germán Schäfer Elejalde, se había modificado el contrato para dar inicio a la ejecución sin contar con la interventoría, requisito legal en un proceso contractual de 675.013 millones de pesos. Este hecho fue objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Gutiérrez subrayó la urgencia de la obra debido al grave hacinamiento: “El hacinamiento en las estaciones de policía supera el 180 %. Las capacidades, por ejemplo, en el área metropolitana, permiten 778 personas privadas de la libertad, pero hoy albergan más de 2.000 en centros que no están habilitados para ello. Algunos casos: en la estación Candelaria hay capacidad para 75 y permanecen 309; en la Sijín, la capacidad es de 20 y hoy hay 278; en Laureles caben 30 y tienen más de 106”.

Cabe señalar que las detenciones en la URI no deben superar las 36 horas, pues de lo contrario constituyen una vulneración de derechos fundamentales. En mayo de 2024, la Personería Distrital de Medellín advirtió que el hacinamiento superaba el 210 %, siendo la Sijín la más crítica, con una sobrepoblación del 1.685 %: allí permanecían 357 detenidos en un espacio con capacidad solo para 20 personas.